Una asociación de guardias civiles propone una “variante del rechazo en frontera” para “no ser criminalizados”
“Queremos que se deje de criminalizar a los Guardias Civiles de Ceuta y Melilla por cumplir las órdenes del Gobierno”, han afirmado desde la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) en relación a la condena del Tribunal de Estrasburgo a España por las devoluciones automáticas de migrantes en la frontera sur. Con este objetivo, dicen, la APROGC ha lanzado una propuesta para sustituir el “rechazo en frontera” por una aplicación “acelerada” del Acuerdo de Readmisión con Marruecos, una iniciativa que también se encuentra con la oposición de organizaciones de defensa de los derechos humanos.
La APROGC siempre ha defendido la aplicación del rechazo en frontera, la figura creada por el Gobierno en 2015 para dar cobertura jurídica a las devoluciones en caliente por las que España ha sido condenada. “Está resultando una herramienta eficaz para cortar los intentos de entrada ilegal y nos da cobertura jurídica pero no está bien vista por algunos partidos políticos y es tildado por muchas ONG de no ser respetuoso con los derechos humanos, lo que coloca a los guardias civiles en el centro de las críticas”, admiten en el documento de la propuesta.
En este sentido, solicitan la firma de un Pacto de Estado “que permita un consenso entre las distintas fuerzas políticas para que dejen de usar la inmigración como arma arrojadiza y que no pueda ser criticada por ONG por supuestas vulneraciones de los derechos de los inmigrantes”. Para lograrlo, apuntan desde la asociación, creen que “una variante del rechazo en frontera posibilitaría un consenso más amplio”.
Guillermo Prada, portavoz de la APROGC en Melilla, asegura que la asociación ha empezado a tener “contactos” con PP, PSOE y Ciudadanos para presentar su propuesta.
La APROG defiende una modificación del acuerdo bilateral de readmisión firmado entre España y Marruecos en 1992, para “acelerar” la devolución de migrantes en los puestos fronterizos de Beni-Enzar y “garantizar la asistencia médica y la posibilidad de solicitar asilo” a las personas interceptadas en Ceuta y Melilla antes de ser entregadas a las autoridades marroquíes. Todo esto, dicen, podría hacerse en “menos de 48 horas”.
Sin embargo, organizaciones de derechos como Amnistía Internacional llevan años alertando de que el acuerdo de readmisión hispano-marroquí “ no incluye una serie de garantías de fondo y de procedimiento previstas por el derecho internacional en caso de transferencia de una persona de la jurisdicción de un Estado”.
Qué dice el acuerdo hispano-marroquí
A través del pacto bilateral, Marruecos se comprometía a readmitir a los migrantes que llegasen a Ceuta y Melilla de forma irregular -fuesen marroquíes, o no- siempre que se cumpliese una serie de condiciones. “La solicitud de readmisión deberá ser presentada en los diez días posteriores a la entrada ilegal al territorio. En ella, se hará constar todos los datos disponibles relativos a la identidad, la documentación personal y a las condiciones de su entrada”, reza su artículo dos.
En el marco del tratado, España debe asegurar que los extranjeros readmitidos en Marruecos sean enviados “lo antes posible” a su país de origen o al Estado donde comenzaron su viaje, siempre y cuando los inmigrantes estén en situación irregular en el reino alauí.
Desde su rúbrica, el acuerdo se ha llegado a aplicar en contadas ocasiones. En la práctica, el Estado alauí no suele aceptar la devolución de personas a través de este mecanismo, por lo que la asociación de guardias civiles propone una serie de medidas para “mejorar” su puesta en marcha.
“Parece que Marruecos no acepta a los extranjeros rechazados por España en la 'zona de contención' [las vallas de Ceuta y Melilla] y que, por otra parte, Marruecos no acepta a los que son llevados a puestos fronterizos para su devolución pasadas no más de 72 horas”, sostiene el documento de la APROGC. Los agentes analizan que este “comportamiento contradictorio” de las autoridades alauíes podría deberse a que las personas devueltas de forma inmediata al país vecino “han estado en todo momento a la vista de los agentes marroquíes por lo que no tienen inconveniente en admitirlos nuevamente en su territorio”.
Por otra parte, desarrollan, los que son trasladados para su devolución después de haberse alejado de la alambrada “no han estado a la vista” de las autoridades alauíes.
“Simplificación de los trámites”
En este sentido, la APROGC propone la ampliación del acuerdo bilateral para incluir una serie de medidas que, a su juicio, solventaría los problemas de coordinación entre Marruecos y España. Entre ellas destaca la inclusión de un procedimiento acelerado de devolución que, según defiende la asociación, sería “muy breve, inferior incluso a las 48 horas”.
La asociación apuesta por la “simplificación de los trámites” de esta expulsión “express”, que sería ejecutada por los “agentes de los puestos fronterizos”, realizándose la notificación de la devolución al otro país “sin formalidades especiales, por teléfono, fax o verbalmente”.
Además, la APROGC pide que las personas que entren de forma irregular en Ceuta y Melilla “sean trasladadas a la mayor brevedad posible al puesto fronterizo establecido” para realizar este tipo de devoluciones. Los reción llegados tendrían que permanecer en este lugar hasta que Marruecos los aceptase.
“Si piden asilo, se podrían quedar allí hasta 10 días”
También solicitan que estas personas puedan recibir “asistencia médica, el trámite de información al interceptado y el estudio de los posibles casos de solicitantes de asilo”. Sin embargo, el cumplimiento de este punto se complica en el marco de un procedimiento “acelerado de expulsión”.
Según las ONG especializadas en asilo, el estudio de la admisión a trámite de una solicitud requiere la realización de una entrevista inicial, que puede ser susceptible de repetición. En este sentido, APROGC defiende que estas personas podrían permanecer “el tiempo que fuese necesario, incluso 10 días” en dependencias policiales, según han afirmado desde la asociación en declaraciones a eldiario.es. La normativa española permite estar en custodia policial sin decisión judicial previa durante un máximo de 72 horas.
Para realizar la coordinación de estos operativos, incluye el documento, solicitan la inclusión de “la figura de los oficiales de enlaces marroquí y español” para “verificar in situ el cumplimiento del acuerdo”.
AI: no cumple el principio de no devolución
La propuesta de la APROGC, sin embargo, no pasa los estándares de derechos humanos de organismos y ONG especializadas. Amnistía Internacional ha reiterado en anteriores ocasiones que el acuerdo de readmisión hispano-marroquí no refleja como excepción “el principio de no devolución”.
Por el contrario, añaden, “la obligación del Estado de asegurarse de que los extranjeros readmitidos son enviados lo antes posible a su Estado de origen o al Estado donde comenzaran su viaje [incluida en el artículo 5 del Acuerdo] puede dar lugar a infracciones del principio de no devolución”, al no asegurarse de si la persona devuelta corre peligro en el lugar al que es enviado.
Además, la organización internacional ha solicitado a las autoridades españolas desde hace tiempo que “detengan cualquier devolución de ciudadanos de terceros países a Marruecos hasta que este país haya demostrado su respeto por los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo”. Es decir, el Estado alauí no es un “país seguro”, según los criterios recogidos en la Convención de Ginebra.
Por ello, la ONG no apoya la aplicación del pacto bilateral sino que solicita “la suspensión del acuerdo con Marruecos sobre la readmisión de ciudadanos de terceros países que carece de las salvaguardias necesarias en materia de derechos humanos”.
En esta línea, un informe realizado por una quincena de juristas asegura “la aplicación de un acuerdo de readmisión no exonera de seguir los procedimientos de la ley Ley de Extranjería”. Además, según recuerdan, cualquiera que sea el procedimiento empleado debe seguir una serie de garantías, incluidas en cada uno de los pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo al respecto.
Es necesario, indica la institución, “dictar una resolución administrativa, con asistencia letrada y de intérprete e indicación de los recursos que se podrán interponer contra ella […]. Además, deberá dejarse constancia escrita en dicho procedimiento de que al extranjero se le ha facilitado información sobre protección internacional y que se ha verificado, mediante un mecanismo adecuado de identificación y derivación, las necesidades de protección internacional, que no es menor de edad o la concurrencia de indicios de que pudiera ser víctima de trata de seres humanos…”.
