Las reformas jurídicas no han frenado la tortura en China: “Sentí tanto dolor que no quería vivir”

A pocos días del examen de los expertos sobre tortura de la ONU a China, Tang Jitian no se cree las palabras del Gobierno ni su compromiso de erradicarla. Esas que aseguran “alentar y apoyar siempre a los abogados en el desempeño de sus funciones”. No se lo cree porque, como ex fiscal y letrado, ha investigado estas prácticas. Pero sobre todo no se lo cree porque, mientras trataba de documentarlas, acabó siendo víctima de ellas: “Me amarraron con correas a una silla de hierro, me abofetearon, me dieron patadas en las piernas y me golpearon tan fuerte en la cabeza con una botella de plástico llena de agua que perdí el conocimiento”.

Su testimonio forma parte de un amplio estudio en el que Amnistía Internacional concluye que, a pesar de las reformas introducidas en la justicia en un supuesto gesto de avanzar en materia de derechos humanos, “apenas han contribuido a cambiar la práctica profundamente arraigada de torturar a los detenidos para obtener confesiones forzadas”. La persistencia de estos mecanismos, añade la ONG, deriva en que “el sistema de justicia penal de China siga dependiendo en gran medida de confesiones forzadas obtenidas mediante tortura y malos tratos”.

A partir de 2010, China lanzó varias iniciativas reformistas que podrían reducir la presencia de la tortura en los procedimientos judiciales. Entre ellas, incluía una serie de salvaguardias “concebidas para impedir que las confesiones forzadas a través de técnicas abusivas ”diesen lugar a sentencias condenatorias injustas“.

Según el informe de Amnistía Internacional, las reformas no han dado sus frutos. Su investigación documenta que de los 590 casos en los que se denunció el uso de torturas para lograr el reconocimiento de un supuesto delito, las confesiones forzadas se excluyeron en sólo 16 casos. De estos, afirma Amnistía Internacional, “solo uno provocó una absolución”. El resto de casos con confesiones descartadas acabó igualmente con una condena de culpabilidad para la persona torturada atendiendo “a otras pruebas”.

Yu Wensheng trabaja en Pekín como abogado y asegura haber estado 99 días detenido bajo custodia policial y hostigamientos constantes. Los interrogatorios fueron más de 200, denuncia. Narra con detalle cómo le esposaban las muñecas por la espalda mientras trataban de presionarle para obtener alguna información. “Las manos se me hincharon y sentí tanto dolor que no quería vivir. Los agentes de policía tiraban una y otra vez de las esposas y yo gritaba”, destaca.

“Los intentos de los abogados defensores de presentar o investigar las denuncias de tortura siguen siendo frustrados de forma sistemática por la policía, los fiscales y los tribunales”, aseguran desde la ONG. En su intento de continuar empleando estas prácticas mientras aparentan luchar contra ellas, los abogados de aquellos que denuncian haber sufrido tortura tienen el riesgo de convertirse también en víctimas de estas.

“Los abogados que insisten en presentar denuncias de abusos son a menudo objeto de amenazas y hostigamiento, o incluso de detención y tortura”, sostiene Amnistía Internacional.

El ex fiscal Tang Jitian afirma haberlas sufrido en manos de agentes de seguridad locales en marzo de 2014 “cuando, junto con otros tres abogados, investigó presuntas torturas en una instalación de detención secreta en Jiansanjiang, en el nordeste de China”. Entonces, relata, le colocaron una capucha, lo esposaron con los brazos a la espalda, lo levantaron del suelo y lo tuvieron colgado por las muñecas mientras la policía lo golpeaba.

El lugar que pretendía investigar Jitian es una de las llamadas 'cárceles negras' condenadas por la organización internacional. Esta nueva forma de detención, legalizada en 2013, tiene el nombre oficial de 'vigilancia domiciliaria en un lugar designado' y se basa en la retención de “personas sospechosas de terrorismo, soborno grave o delitos contra la seguridad del Estado” en un lugar no revelado durante un periodo máximo de seis meses.

Las personas encerradas en estas 'cárceles negras' no mantienen contacto alguno con el exterior por lo que, según Amnistía Internacional, “deja al detenido en grave riesgo de tortura y otros malos tratos”. En la actualidad, la organización contabiliza a doce abogados y activistas apresados en estos lugares para los que exige su inmediata liberación.