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Impuestos, recortes y desigualdad: varias caras de la injusticia

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Mujeres en Colombia. Imagen de Ryan Brown/ONUMUJERES

Mujeres en Colombia. Imagen de Ryan Brown/ONUMUJERES

La desigualdad social no es un fenómeno nuevo, pero el ritmo de su crecimiento en los últimos años resulta, cuando menos, alarmante. Por poner sobre la mesa tres  datos ya conocidos, publicados hace tiempo por Oxfam:

  • El 1% de la población mundial acumula más riqueza que el 99% restante.
  • En 2015, 62 personas poseían tanta riqueza como 3.600 millones de personas. Solo cinco años antes, eran 388 las personas que poseían la misma riqueza que 3.600 millones.
  • Desde 2001, la mitad más pobre de la población solo ha recibido el 1% del incremento de la riqueza mundial. El 50% de ese incremento ha ido a engrosar los bolsillos de los más ricos.

Es urgente combatir la idea de que la desigualdad extrema “pertenece al orden natural de las cosas”. La desigualdad extrema de nuestra sociedad responde a una política neoliberal que supone un secuestro de la democracia por parte de las élites. Y una de las manifestaciones más claras de este secuestro y del crecimiento de un sistema que favorece a los más ricos es la proliferación de los paraísos fiscales: en apenas 13 años la economía en los paraísos fiscales creció al doble de la velocidad que la economía real. Según datos recientes, en España perdemos 59.000 millones de euros por fraude fiscal, mientras que el presupuesto de Sanidad, Educación y Cooperación suman apenas 4.216 millones de euros. ¿Te imaginas qué podría hacer el Estado sin este fraude que perjudica, sin duda, la financiación de los servicios públicos?

La desigualdad social y la injusticia fiscal tienen rostro de mujer. Incluso el Fondo Monetario Internacional reconoce que “los países con una desigualdad de ingresos alta tienden a presentar también una elevada desigualdad de género”. Como señala el informe Iguales, “el fundamentalismo de mercado afecta en mayor medida a las mujeres. Los programas de ajuste estructural y las reformas de mercado se han vinculado estrechamente al deterioro de la posición relativa de la mujer en el mercado laboral, debido a que las mujeres se concentran en sólo unos pocos sectores de la actividad económica, además de a su menor movilidad y al papel que desempeñan en la economía de cuidados no remunerada”.  Este fundamentalismo “ha limitado enormemente la capacidad de las mujeres (especialmente de las mujeres pobres) para beneficiarse de los frutos del crecimiento y la prosperidad o para progresar económicamente”. Además, esta desregulación perjudica especialmente a las mujeres, que ven reducidas o eliminadas algunas ayudas, “ como la baja por maternidad remunerada o el derecho a vacaciones. La eliminación de estas normas afecta en mayor medida a las mujeres y a los niños, principales beneficiarios de servicios públicos como la atención sanitaria y la educación”. Al recortar en estos servicios públicos (muchos de cuyos profesionales son mujeres), no solo crece el desempleo femenino sino que las mujeres tienen que realizar tareas de cuidado por la desatención producida por los recortes.

Algunos datos relevantes permiten entender que la desigualdad económica agrava la desigualdad de género (y viceversa):

  • Solo 3 de las 30 personas más ricas del mundo son mujeres.
  • Harán falta 75 años para que las mujeres perciban el mismo salario por el mismo trabajo.
  • La mitad de la población activa del mundo son mujeres, pero tan solo generan el 37% del PIB mundial.
  • Si cada país eliminara la brecha de género, el PIB mundial podría aumentar en 12 billones de dólares en 2025.
  • El 49,1% de las mujeres tienen un trabajo precario o vulnerable, frente al 46,9% de los hombres.
  • Las mujeres ganan de media un 24% menos que los hombres por los mismos trabajos.
  • Aproximadamente 600 millones de mujeres, el 53% de las mujeres trabajadoras en el mundo, trabajan en empleos inseguros y que normalmente no están protegidos por la legislación laboral.
  • Las mujeres tienen mucha menos facilidad para acceder a créditos.
  • Las mujeres se hacen cargo de la mayor parte de las tareas de cuidado no remuneradas, 2,5 veces más que los hombres.

En tiempos de crisis, la situación de las mujeres, ya de por sí vulnerable, se ve más perjudicada. El Banco Mundial señalaba en 2012 que “ las mujeres son más vulnerables frente a las crisis de ingresos, como el desempleo o un aumento de la pobreza, precisamente porque tienen un menor poder económico. Suelen tener menos bienes que los hombres, menos acceso a oportunidades económicas que les permitan hacer frente a cambios bruscos, y un menor apoyo gubernamental en forma de subvenciones”.

Combatir la desigualdad es cuestión de voluntad política. Del mismo modo que la desigualdad social no es un fenómeno natural, sino que responde a una decisión política, combatirla es una decisión política de primera magnitud. Muchas son las medidas que se pueden tomar para reducir esta doble brecha, como combatir el fraude fiscal para contar con más financiación en los servicios públicos, reconocer y redistribuir el trabajo de cuidados, reconocer los mismos derechos a las mujeres en cuanto a acceso a la tierra, herencias y mismo salario por el mismo trabajo, analizar el impacto de las políticas económicas en las mujeres y las niñas y, sobre todo, recuperar la democracia, secuestrada por las élites, para promover una participación efectiva de la sociedad civil y, especialmente, las mujeres, en la toma de decisiones. Al menos al 50% de la población mundial, además de a todas las personas que dependen de ella, nos va la vida en ello.

Este texto forma parte de la jornada de acción europea por unos impuestos más justos Tax Justice Blogging Day. Es posible seguir las publicaciones en blogs de distintos países y apoyar la acción compartiendo su contenido en redes sociales con la etiqueta #taxjustice. El blog United Explanations publica hoy una versión ampliada del mismo.

Elena Couceiro Arroyo (Madrid, España), es  periodista y Especialista en Información Internacional y Países del Sur (Universidad Complutense). He sido analista del CIP hasta diciembre de 2006, especialista en Haití y en prevención de conflictos. He trabajado en diversos medios de prensa escrita, entre ellos en la revista Cambio 16. He formado parte del Área de Comunicación e Imagen de la ONG Asamblea de Cooperación Por la Paz y posteriormente de ACSUR-Las Segovias. Colabora con el Centro de Educación e Investigación para la Paz y otros varios anuarios. Es socia y colaboradora de WILPF-España.

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