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La Sociedad Civil no quiere que armas españolas maten civiles

“Estaba llenando el bidón cuando oí una explosión cerca. [Luego], otra explosión me hizo salir despedida. Perdí la pierna derecha y la izquierda quedó casi amputada”. El 9 de julio pasado, Suud Amer, de 52 años, perdió ambas piernas en un ataque con mortero, cuando recogía agua de un grifo situado a pocos metros de la escuela Omar Ben Khattab, en el barrio de Adén conocido como Al Gharbia, en Yemen.

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Foto de Amnistía Internacional

Foto de Amnistía Internacional © Amnistía Internacional

Una imagen similar a esta pudo pasarle por la cabeza al bombero que el 13 de marzo de este año se negó, por razones de conciencia, a participar en el puerto de Bilbao en el retén de seguridad preceptivo durante el embarque de 26 contenedores de munición española en un carguero con destino Arabia Saudí. Este caso ha vuelto a poner sobre el tapete el cuestionable papel que juega España en la guerra de Yemen, alimentando con ventas de armas un conflicto en el que todas las partes han cometido violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

Pero no sólo eso, también ha puesto sobre el tapete otra realidad y es que la sociedad sabe poco respecto al comercio de armas “Marca España”. El Gobierno publica un informe anual sobre las ventas de armas y comparece ante el Congreso para rendir cuentas, pero poco sabemos sobre los acuerdos que alcanzan las empresas españolas para vender armas a destinos donde existe un riesgo claro de que pueden usarse para cometer atrocidades.

Sobre lo que no sabemos nada de nada es sobre los argumentos que utiliza el Gobierno para autorizar la venta de armas a Arabia Saudí, porque las actas de la Junta Interministerial que se ocupa del comercio de armas español están consideradas como Secreto Oficial desde marzo de 1987.  Desde luego, hay secretos que matan , porque ¿cómo puede justificarse la venta de armas como bombas, municiones o aviones, a un país que lleva más de dos años bombardeando sin piedad población civil, escuelas, mercados, fábricas, hospitales y mezquitas, despreciando olímpicamente el derecho internacional humanitario y que ha cometido decenas de presuntos crímenes de guerra en Yemen?

Arabia Saudí encabeza una coalición internacional que opera en la guerra de Yemen y en la que, según la ONU, desde marzo de 2015 han muerto más de 4.000 civiles, y más de 7.000 habían resultado heridos, hay más de 3 millones de personas desplazadas internas y el 80% de la población depende de la ayuda humanitaria internacional. En esta situación, las exportaciones de armas a Arabia Saudí violan las normas internacionales. El Tratado sobre el Comercio de Armas, ratificado por España en 2014, prohíbe explícitamente la venta de armas cuando un Estado sabe que se pueden utilizar para, entre otras cosas, cometer crímenes de guerra o infracciones graves del derecho internacional humanitario, como es el caso. Los criterios de la Unión Europea, plasmados en la Posición Común 944/2008/PESC, establecen obligaciones similares.

La Ley española 53/2007 sobre comercio de armas dice literalmente que las autorizaciones de exportación de armas serán denegadas cuando existan indicios racionales de que puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, exacerbar conflictos, ser utilizados para represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos o tengan como destino países con evidencia de desvíos. Cabe recordar que Arabia Saudí está implicada en el suministro de armas por valor de 1.200 millones € desde diversos países de Europa Central y Oriental a Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, que posteriormente las desviaron a grupos armados en Siria y Yemen. De todo ello se deriva que autorizar la venta de armas a Arabia Saudí es ilegal.

Qué conveniente es para las grandes empresas de armamento español que la sociedad civil no podamos saber cómo autoriza el gobierno, lo que no convierte en legal de acuerdo con el derecho internacional, la exportación de armas a países que en la actualidad están matando civiles y violando de forma sistemática el derecho humanitario internacional y de los derechos humanos.

Por todo esto, las cuatro organizaciones de la campaña “Armas Bajo Control” hemos escrito a al Ministerio de Economía y Competitividad para conocer los detalles de este embarque de material de defensa en el puerto de Bilbao con destino a Arabia Saudí. Y, por supuesto, cuándo se autorizó, cuál es el uso y el usuario final de este material y qué garantías de control del uso de este material ha aplicado el gobierno español en esta operación.

La actitud del bombero de Bilbao, al que le han abierto un expediente administrativo por ejercer su derecho a la objeción de conciencia, refleja la preocupación de la sociedad civil. Esta preocupación indica que la información tiene que dejar de estar solo en manos de quienes tienen interés económico o político en comerciar con armas. Tiene que dejar de ser un secreto y tiene que respetar la legislación española e internacional, porque el respeto a la ley es la garantía del Estado de derecho.

Así que, una vez más, pedimos al Gobierno español que suspenda la venta de armas a Arabia Saudí y los demás países de la coalición que encabeza y opera en Yemen y deniegue las autorizaciones de transferencias de armas a la coalición saudí mientras se siga teniendo información o mientras subsista un riesgo sustancial de que las armas se puedan emplear para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.

¿Cuántos civiles más tienen que perder las piernas como Sudd Amer para que el Gobierno español entre en razón y cumpla la ley?

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