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¿Cuestión de derechos? Acceso a documentación para víctimas de trata

Hay 2,5 millones de personas víctimas de trata en el mundo, según recoge la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el Reporte Global 2009. La mitad son menores de 18 años y se calcula que dos tercios son mujeres

De ellas el 79% son sometidas a explotación sexual, seguido por un 18% de casos con fines de explotación laboral, trabajos o servicios forzados

Entre el 2003 y el 2008 el 40% de los países con leyes vigentes contra la trata de personas no registraron ninguna condena por este delito

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World Map - Abstract Acrylic (Copy Left)

World Map - Abstract Acrylic (Copy Left) Nicolas Raymond

La cifra de personas víctimas de trata asciende a 21 millones si tomamos datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), son mujeres y niñas 11,4 millones, y de ellas 4,5 millones son víctimas de explotación sexual forzosa, el doble de lo que identifica UNODC. Este  baile de números habla de la carencia de un criterio y metodología compartidos, que llama la atención ante tan altas cifras de un crimen de lesa humanidad. Queda patente la necesidad de coordinación de instituciones a nivel internacional por la escala transnacional del delito.

En España, en 2014 (aún no es pública la cifra de 2015) la policía identificó 153 víctimas, según datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Tomando el dato de la UNODC que calcula que por cada víctima de la trata identificada existen 20 más sin identificar, se estima que sólo en el territorio español habría unas 3.213 víctimas.

El acceso a la documentación para víctimas de trata es recogido en diferentes tratados, protocolos y recomendaciones europeas e internacionales como uno de los derechos fundamentales, y supone una sustancial mejora en su calidad de vida y algo fundamental para el desarrollo de la misma en condiciones dignas. A nivel nacional también es reconocido en el artículo 59 bis de la reforma de la Ley de Extranjería, y desarrollado en el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, para garantizar su estabilidad y seguridad. Pese a ello, el acceso a permiso de residencia y trabajo de las víctimas de trata con fines de explotación sexual en España es anecdótico.

De las 153 víctimas identificadas por la policía en 2014 únicamente se han concedido 31 autorizaciones de trabajo y residencia. Esto deja a casi el 80% de ellas en una grave situación de vulnerabilidad. Recordemos aquí que existen unas 3.213 víctimas del delito en el territorio, lo que supone el acceso a documentación tan solo a un 0,96% de mujeres. Esto significaría que unas 3.200 víctimas de trata estarían privadas de tarjeta de residencia y trabajo.

Las concesiones de protección internacional son aún más puntuales. Como dato señalar que con motivo del 8 de marzo de 2015, CEAR celebró el reconocimiento del tercer caso de concesión de protección internacional a una víctima de trata .

Gracias a la lucha y trabajo de múltiples organizaciones y activistas implicadas desde hace años en la lucha contra la trata, se han conseguido avances -tanto de cifras como de consecuencias a nivel humano- aunque a nivel institucional estos son insuficientes, a pesar de la gravedad que implica este crimen.

La trata  de personas constituye una de las formas más extremas de violencia contra las mujeres y las niñas, involucrando todos los tipos de violencia de género y provocando graves violaciones de los derechos humanos, no sólo como víctimas del delito, sino por la inoperancia de organismos públicos para la salvaguarda de sus derechos. A esto se suma el hecho de que los valores patriarcales, fuertemente arraigados en nuestras sociedades, contribuyen a negar derechos, invisibilizar y tolerar las violencias, asegurando la impunidad de delitos como la trata de personas, estigmatizando además a las mujeres que se encuentran es esa situación.

Es necesario tomarse esta vulneración de derechos humanos muy en serio e ir más allá de las buenas intenciones, hacer esfuerzos que se traduzcan en medidas reales y con asignación de recursos para poder atajar este crimen y atender y acompañar a las mujeres que hayan sido víctimas del mismo, de una forma digna y que realmente respete sus derechos.

Otorgar a las víctimas lo que les corresponde es una cuestión de derechos humanos.

Itxaso Sasiain Villanueva es psicóloga. Ana García Barbeito es trabajadora social en atención con mujeres en situación de prostitución y trata // DINAMIA-TRABE @irenewarrior 

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