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No lo haga usted mismo, no se lo resolveremos nosotros

La alternativa a los núcleos chabolistas que han dado las autoridades de la Comunidad de Madrid en las últimas décadas ha demostrado ser un absoluto fracaso, a pesar de contar con fondos suficientes. ¿Qué se está haciendo mal?

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Asentamiento autoconstruido en torno a Madrid.

Asentamiento autoconstruido en torno a Madrid.

Según Pilar Martínez, Directora General de Vivienda de Madrid hasta 2014, en la Comunidad de Madrid se demolieron más de 2 mil viviendas autoproducidas desde 1999. Para realizar estos procesos, el Instituto de Realojo e Integración Social, actualmente absorbido por la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad contó con un presupuesto de unos 126.000 €/familia o lo que es lo mismo, los fondos para una vivienda por hogar.

Sin embargo se estima que  apenas el 10% de las familias afectadas fueron realojadas y, las que lo fueron, no recibieron un piso sino que se les otorgó un alquiler social que las obligaba a afrontar un pago de unos 50 euros al mes, a lo que había que sumar gastos de comunidad, suministros, y más. Muchas familias no pudieron hacer frente a dichos pagos ya que apenas contaban con una renta mínima de inserción que en esa época era de entre 300 y 500 euros.

Nuestra experiencia en en el barrio de San Francisco (Pozo del Huevo) muestra además cómo, 15 años más tarde, muchas de  estas familias fueron desahuciadas por la misma institución que las realojó. Ahora bien, este segundo proceso de desalojo fue completamente invisible ya que las familias habían sido realojadas en viviendas dispersas por toda la Comunidad de Madrid, de forma que su red de apoyo mutuo había sido destruida, y con ella la posibilidad de luchar colectivamente frente a la vulneración de sus derechos.

En la actualidad, muchas de estas familias viven en una situación de profunda desesperanza, ocupando naves o pisos vacíos, o han tenido que volver a construir por sí mismas una vivienda. Como nos decía hace poco una persona afectada, miembro de la Asamblea de Vivienda Digna para todas:

“Si vivo en una chabola hago mal, si ocupo una vivienda vacía estoy haciendo mal y si me quedo en la calle sigo haciendo mal y los servicios sociales se me echan encima. ¿Qué salida tengo? No sé si nos siguen quedando fuerzas a mí y a mi familia para seguir viviendo esto ¿Cuánto tiempo más podremos seguir vagando por la sociedad? Si me dicen que firme mi sentencia de muerte para que me  den una vivienda,  yo la firmo por mis hijos. Yo estoy intentando hacer las cosas bien, pero nadie me facilita nada. No quiero seguir discriminado, quiero poder salir de mi casa sin vergüenza"

Actualmente se desconoce por completo qué ha pasado con ese patrimonio público, con esas viviendas que habían sido supuestamente destinadas a quienes más lo necesitaban; no se sabe si en la actualidad esos pisos permanecen vacíos, o cuántos de ellos han podido ser, por ejemplo, vendidos a Fondos Buitre.  

“Si no cumples los requisitos no existes. Primero te ignoran y luego en lugar de ayudarte te atacan… ¿Como resistir ante unas instituciones expertas en burocracia? Todo es muy legal, pero tremendamente injusto. Trafican con la vivienda, están haciendo negocio con la miseria”.

A día de hoy, más de mil familias siguen viviendo en núcleos autoproducidos en la Comunidad de Madrid. Entre ellos se encuentra el del barrio del Río Guadarrama-Las Sabinas, en el que viven unas 376 familias (252 de Móstoles y 124 de Arroyomolinos). Para el proceso de desalojo-realojo, la CAM espera contar con 48 millones de euros, la mitad de los cuales serán de fondos europeos. ES decir, habrá unos 130.000 euros por familia. A pesar de los fracasos del pasado, parece que la política de “desmantelamiento” de la Comunidad se mantiene. Esto quiere decir que muchas familias no podrán cumplir con los requisitos establecidos en el convenio firmado en 2013 entre la CAM y el Ayuntamiento de Móstoles, entre ellos el de estar empadronados con anterioridad a 2009. Una amplia mayoría de las personas afectadas, de las que más de la mitad son menores de edad, verán vulnerados sus derechos.

“Según el derecho internacional [...] los desalojos sólo pueden llevarse a cabo como último recurso, una vez que se han estudiado todas las demás alternativas posibles en una verdadera consulta con las personas afectadas.  [...] Los gobiernos deben garantizar también que nadie se queda sin vivienda.” (Amnistía Internacional, 2012).

En este caso no se ha estudiado más alternativa que la del realojo disperso en viviendas en altura, y lo único que se ha consultado a las familias es su preferencia entre tres posibles localizaciones del “supuesto” piso. Hace más de un año que las familias entregaron los papeles y viven en la más absoluta incertidumbre: no saben si serán o no realojadas, ni cuándo, ni dónde. Entre tanto, siguen viviendo en una situación de abandono institucional sin que el Ayuntamiento las dote de servicios básicos como el acceso a la red de agua potable, a la recogida de basuras, o al transporte público. Apenas existen unos contenedores, y una parada de autobús a 2 kilómetros de una zona del barrio.

Es obvio que si se siguen haciendo las cosas de la misma manera se llegará a los mismos resultados. Para que el derecho a la vivienda sea efectivo hay que contar con el conocimiento de quienes tienen más experiencia de verlo vulnerado. Solo sumando la inteligencia y recursos de todos y todas podremos afrontar el reto de que toda persona pueda tener un hogar digno y seguro.

Que haya familias condenadas a vivir de esta forma es inmoral e inhumano, además de injusto e ilegal. Nos corresponde a todas las personas luchar para que esto no sea así.

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