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Ni una muerte más, ni una mujer menos

Los días 15 y 16 de noviembre se celebró en Madrid el “III Seminario Internacional sobre violencias contra las mujeres. Feminicidios en América Latina y Caribe-Unión Europea y Estado Español”.

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Imagen del Seminario Internacional de Violencia contra las mujeres

Imagen del Seminario Internacional de Violencia contra las mujeres Encina Villanueva

El encuentro reunió a un gran número de mujeres,  organizaciones feministas  y personas defensoras de los derechos de las mujeres con la intención de articularse y generar propuestas y acciones frente al feminicidio. En este espacio se dio a conocer la Alianza por una Cooperación Feminista Global, que apuesta precisamente por esta línea de trabajo.

En el encuentro se posicionó el Feminicidio, el asesinato de mujeres por el hecho de serlo, como una lacra y un fenómeno creciente que en la mayoría de los países goza de impunidad. El análisis y búsqueda de soluciones para este “fenómeno social” ha sido y es una de las acciones que ha preocupado a las organizaciones feministas y de derechos humanos en los últimos años.

14 de los 25 países con mayores tasas de feminicidios son de América Latina y el Caribe. Guatemala, El Salvador y Honduras figuran con unos de los índices más altos del planeta y en Argentina, México y Perú también se reportan cifras alarmantes.  Como respuesta, y por la acción permanente de organizaciones de mujeres y feministas, se han desarrollado acciones de incidencia para generar herramientas normativas que contribuyan a sancionar y prevenir estos crímenes de género.

El Convenio de Belén do Pará, de 1995, incorporó el derecho a una vida libre de violencia. Fue la primera vez que un documento de tales características incluía esta cuestión. En el marco de este Convenio, 15 países de América Latina ya han introducido el feminicidio como tipificación o agravante. A pesar de los pasos dados, aún hay muchos retos por delante. Queda pendiente crear bases de datos que permitan elaborar estadísticas de violencia contra las mujeres; garantizar el acceso a la justicia; asegurar recursos para la implementación de medidas –incluida la prevención. Queda pendiente también garantizar que las organizaciones de la sociedad civil participan en el sistema; esta es una de las lecciones que hemos aprendido en el camino.

En España no está tipificado el feminicidio. Entre los vacíos normativos que presenta la Ley vigente (Ley Orgánica 1/2004 Medidas de Protección Integral contra la violencia de Género), se encuentra el hecho de que sólo contempla la violencia de género en los casos de violencias cometidos por parejas o ex parejas y, por tanto sólo se registran los asesinatos cometidos  por dichos agresores. Tampoco se ha desarrollado lo referido a prevención ni a asistencia integral de las mujeres. Después de 12 años de ley, el panorama sigue siendo desolador.

El último tratado aprobado en esta materia es el Convenio de Estambul, ratificado en 2011, por el que España está obligada a adoptar su normativa que, entre otras cosas, llama a ampliar la ley a todas las formas de violencia contra las mujeres. Recientemente, el 14 de septiembre, se aprobó una comisión en el Congreso para modificar los aspectos de la Ley que no se adaptan al Convenio. Las organizaciones feministas, como también las de desarrollo y derechos humanos, estaremos atentas a este proceso.

Hoy, 29 de noviembre, día internacional de las defensoras de Derechos Humanos,  conviene recordar que urgen políticas públicas, con presupuestos previsibles y suficientes, en cuya construcción participen las mujeres y los movimientos feministas. Debe garantizarse el fin de los asesinatos en cualquier lugar del mundo –España, Europa, África, Asia o América-. Ningún país está libre de esta barbarie contra las mujeres por el hecho de ser mujeres.

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