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Balance: cuatro años de exclusión sanitaria

Amparándose en la supuesta insostenibilidad del sistema sanitario español, el Gobierno se propuso ahorrar a costa de los sectores más vulnerables de la población

Además, la aplicación de este decreto se ha caracterizado desde el primer momento por la más absoluta arbitrariedad

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Cuatro años de vulneraciones del derecho de las personas a la atención sanitaria.

Cuatro años de vulneraciones del derecho de las personas a la atención sanitaria. Jesús Blasco de Avellaneda

Hace cuatro años, la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2012 de reforma sanitaria supuso un golpe al derecho a la atención sanitaria de todas las personas en el territorio del Estado español. Impuso un profundo cambio de modelo que suponía la vuelta atrás a un sistema de aseguramiento –que ya creíamos superado–, y todavía hoy tiene efectos nefastos sobre las vidas de muchas personas.

Amparándose en la supuesta insostenibilidad del sistema sanitario español, el Gobierno se propuso ahorrar a costa de los sectores más vulnerables de la población. Además de reducir la cartera básica de servicios –cuyo coste debían asumir a partir de ese momento las familias–, el decreto se ensañaba con las personas inmigrantes en situación irregular, que veían cómo se les quitaba el derecho a la atención sanitaria. Aunque no hay cifras exactas, se calcula que el número de personas excluidas supera hoy el millón.

La norma concitó el rechazo de una parte importante de la sociedad: asociaciones de defensa de los derechos humanos, profesionales de la salud, inmigrantes, sindicatos, ONG, partidos políticos… Varias Comunidades Autónomas de diferente signo político objetaron su aplicación y mantuvieron la asistencia sanitaria a pesar de las presiones y amenazas del Gobierno central. La deshumanización del sistema quedó patente con la muerte de Alpha Pam y el rechazo se tornó en indignación. Sin embargo, ni siquiera un caso tan dramático hizo mella en la posición del Gobierno, como tampoco lo hicieron las denuncias de organismos internacionales y europeos de derechos humanos.

Además, la aplicación de este decreto se ha caracterizado desde el primer momento por la más absoluta arbitrariedad. La falta de información adecuada a las trabajadoras y los trabajadores en los centros sanitarios provoca múltiples situaciones de denegación de la asistencia, incluso en los casos excepcionales en los que la norma reconoce un mínimo derecho a la atención: menores de edad, mujeres embarazadas y urgencias.

La consecuencia es que se ha creado una situación de miedo y desamparo entre la población migrante, tal y como recogen los sucesivos informes de la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) . Desde enero de 2014 hemos documentado más de 2.500 casos de vulneraciones del derecho a la salud de las personas, incluyendo casos graves de cáncer, enfermedades cardiovasculares y respiratorias, VIH o enfermedades mentales.

En marzo de 2015, tras la salida de Ana Mato del Ministerio de Sanidad, el nuevo ministro Alonso pareció escuchar las evidencias de que un sistema basado en la prevención y la atención primaria resulta más barato que la asistencia en urgencias. Se anunció entonces la intención de otorgar acceso a la atención primaria a las personas migrantes en situación irregular, aunque sin devolver la tarjeta sanitaria. 18 meses después, no se ha producido el más mínimo avance en esa dirección.

Ante la inoperancia del Ministerio, la emergencia social continuaba. Fueron de nuevo las Comunidades Autónomas quienes tomaron la iniciativa y, tras los cambios políticos de las elecciones autonómicas de 2015, se aprobaron algunas normativas que ampliaron la atención sanitaria a las personas excluidas.

Aunque estas iniciativas han ayudado a reducir el impacto de la exclusión sanitaria, su alcance está limitado por una cuestión competencial: las Comunidades Autónomas no pueden transformar por sí solas la configuración del sistema de salud estatal. 

Lamentablemente, incluso estos avances se ven amenazados. La reciente Sentencia del Tribunal Constitucional declarando la constitucionalidad del RDL 16/2012 ha supuesto un inesperado y decepcionante espaldarazo a la política discriminatoria del Gobierno. Esta decisión, que contradice opiniones previas del propio Tribunal, ignora las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos y subordina el reconocimiento de un derecho básico a un simple cálculo economicista. Peligroso precedente.

A pesar de este revés, desde la sociedad civil entendemos que ninguna sentencia puede legitimar la injusticia. Han sido cuatro largos años de sufrimiento para muchas personas: de inseguridad, arbitrariedad y desamparo. Por ello es imprescindible seguir exigiendo la derogación inmediata del Real Decreto y la consiguiente restitución del carácter universal, equitativo y redistributivo del Sistema Nacional de Salud.

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