La plataforma contra el ATC pide a Anticorrupción que investigue a Enresa
La Plataforma Contra el Cementerio Nuclear ha remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue la reciente compra de 10 contenedores de combustible nuclear gastado por parte de la dirección de Enresa, adjudicados el pasado 12 de mayo por más de 26 millones de euros (casi 32 millones de euros).
“Los tipos penales podrían ser: malversación de fondos públicos, no descartándose otros”, y “los principales responsables de los hechos referenciados serían” Francisco Gil-Ortega Rincón, presidente de Enresa desde junio de 2012 hasta su dimisión en febrero pasado, y su sucesor, Juan José Zaballa Gómez, “aunque no se descarta” que existan otros responsables, dice el escrito, remitido a la Fiscalía desde una oficina de Correos de Cuenca este viernes.
Tal y como adelantó eldiario.es el pasado 26 abril, la compra de esos contenedores propició la dimisión de la jefa del departamento de Ingeniería de Residuos de Alta Actividad de Enresa, Maribel Rivera, por su negativa a firmar una adjudicación que se lanzó a finales del año pasado, cuando todavía se suponía, al menos oficialmente, que el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos de Villar de Cañas (Cuenca) iba a estar listo en los plazos previstos por Enresa y el Gobierno.
El importe máximo de licitación del contrato era de 32 millones de euros (sin incluir impuestos) y de 38,72 millones, impuestos incluidos. El contrato, tal y como adelantó el diario.es, ha sido adjudicado este mes a Equipos Nucleares (ENSA), otra empresa estatal que, como Enresa, está en la órbita de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Enresa atribuyó la dimisión de Rivera a “razones personales”, aunque en el sector se cuestionó la oportunidad de la adjudicación dado que, con el ATC retrasado ante las dudas del regulador nuclear y sin fecha de finalización, adquirir contenedores de este tipo (se trata de unidades de “doble propósito”, que se utilizan para dos funciones, almacenamiento y transporte de residuos) podría carecer de sentido. Sobre todo para transportar residuos.
Además, en el mercado existen otros proveedores capaces de proporcionar ese material a un precio muy inferior, como la estadounidense Holtec (que ofrece contenedores tres veces más baratos), la francesa Areva o la alemana GNS.
Algunas fuentes atribuyeron la decisión de adjudicar a ENSA a un empeño del vicepresidente de la SEPI, Federico Ferrer, que tiene cierta experiencia en el sector como exconsejero de Enusa, otra empresa del ámbito nuclear perteneciente al holding público.
La plataforma recuerda en su escrito la sucesión de acontecimientos que ha vivido Enresa en los últimos meses: los contratos adjudicados a Iberinco, filial de Iberdrola de la que es consejero el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro; la auditoría que detectó posible “enriquecimiento injusto” de Gil-Ortega con sus gastos de representación; la caída de varios directivos y la dimisión, en febrero, del ex alcalde de Ciudad Real.
La caída de Gil-Ortega, oficialmente por “razones personales”, fue atribuida a sus prisas por adjudicar la obra civil del ATC (217 millones, sin contar IVA) sin los permisos necesarios del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el Ministerio de Medio Ambiente, entre otras instancias, para el almacén nuclear.
El sustituto de Gil-Ortega, que hasta su nombramiento era directivo de Paradores de Turismo, es de absoluta confianza del ministro que tutela Enresa, José Manuel Soria. Ambos fueron compañeros de promoción.
La denuncia se ha presentado en la víspera de la jornada de reflexión. El programa electoral de la presidenta castellano-manchega y candidata del PP en las próximas elecciones, presentado in extremis este viernes, no contiene ninguna alusión al polémico almacén, una de las banderas de Cospedal para la legislatura que ahora se agota y que la secretaria general del PP se empeñó en adjudicar a Villar de Cañas pese a que era la peor candidata desde el punto de vista geológico.
