Abengoa afronta esta semana el reto de detallar su deuda y lograr liquidez

Abengoa afronta esta semana el reto de desnudar sus cuentas para mostrar el detalle de su deuda a unos acreedores que exigen conocer la letra pequeña antes de ofrecerle la liquidez que necesita para funcionar en los próximos meses, cifrada por el grupo en 450 millones.

Las presiones para que Abengoa desvele el detalle de la situación de su deuda centran esta primera etapa de las negociaciones, que podría cerrarse el próximo viernes con la presentación de un estudio con los datos “totales y reales” tanto de endeudamiento como de necesidades de liquidez.

La relación entre la compañía y los acreedores, inicialmente impregnada de cierta desconfianza, ha mejorado tras el encuentro mantenido el viernes, en el que Abengoa hizo gala de buena predisposición a la transparencia y la colaboración.

Esta colaboración se materializa especialmente hacia la consultora KPMG, que asesora a la banca en el proceso, y que es la encargada de elaborar ese estudio de la deuda que constituye el primer escollo en las negociaciones.

El objetivo último, insisten fuentes financieras, es conocer las circunstancias que rodean esa deuda, qué proyectos son viables y cuáles no y a cuánto ascienden las necesidades reales de liquidez.

En cualquier caso y ante la petición de Abengoa de 450 millones para afrontar los pagos durante los cuatro meses del preconcurso, la banca se muestra dispuesta a empezar a aportar liquidez en los próximos días para que la compañía pueda pagar a empleados y proveedores.

Una vez superada la situación de urgencia y desvelada la deuda, Abengoa y los acreedores, tanto la banca como los bonistas, abrirán las verdaderas negociaciones, dirigidas a reestructurar el grupo y evitar el que sería el mayor concurso de la historia de España.

Mientras tanto, la empresa trabaja en su propia reestructuración para garantizar la sostenibilidad del negocio, para lo que ya ha empezado a poner en marcha ajustes de plantilla e incluso plantea la posibilidad de paralizar algunos proyectos.

Entre las primeras medidas que se han conocido figura el despido de 2.300 trabajadores en Brasil y el anuncio al regulador bursátil mexicano de que no podrá afrontar los pagos previstos en las condiciones de su deuda en el país.

Pero la presión para que Abengoa desvele su situación financiera no se limita a sus acreedores privados, sino que se extiende también a los públicos -ICO, Cofides y Cesce-, a través de numerosas y cada vez más duras declaraciones del Gobierno.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, tachaba el viernes de “muy desacertada” la gestión financiera de la empresa, mientras que el de Economía, Luis de Guindos, señalaba que el grupo había “sobrepasado los límites de una estructura financiera razonable”.

Especialmente duras han sido las críticas hacia las indemnizaciones recibidas por el expresidente de la ingeniería Felipe Benjumea -que abandonó su cargo en septiembre- y el exconsejero delegado -Manuel Sánchez Ortega -que lo hizo en mayo-, que suman más de 20 millones de euros.

Paralelamente, pequeños accionistas y bonistas han comenzado a agruparse para reclamar daños y perjuicios por la vía judicial.

La Audiencia Nacional ya ha abierto diligencias previas y ha dado traslado a la Fiscalía de las dos primeras querellas presentadas contra Abengoa, por parte de dos bonistas representados por el despacho de abogados Ius+Aequitas y por varios accionistas representados por Yvancos.

Adicionalmente, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) ha anunciado que presentará una demanda contra la compañía y su consejo de administración.

Mientras tanto, en el mercado, las acciones de Abengoa han protagonizado esta semana una alta volatilidad, relacionada según los analistas con el fuerte carácter especulativo del valor, una tendencia que podría mantenerse en los próximos meses.