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Abogacía del TJUE se pronunciará el día 23 sobre "vacaciones fiscales vascas"

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La Abogacía General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) prevé pronunciarse el próximo 23 de enero sobre la multa millonaria que pide la Comisión Europea a España por las llamadas "vacaciones fiscales vascas".

Según la información disponible en el registro del Alto Tribunal de la UE, la abogada general encargada de emitir sus conclusiones sobre el caso en exactamente diez días será Eleanor Sharpston.

Estas conclusiones, no vinculantes, preceden a la sentencia del Tribunal, que suele seguirlas en la mayoría de los casos.

La opinión de la abogada general se dará a conocer después de la vista que se celebró el 10 de septiembre y en la que España hizo un último intento para evitar la multa por las "vacaciones fiscales vascas", unas ayudas concedidas a empresas nuevas en los años noventa, que ya han sido declaradas ilegales.

La Comisión Europea (CE) mantuvo en aquella vista su solicitud de imponer una de las dos multas que reclamaba contra España, que podría superar los 64 millones de euros, y condicionó la otra a la recuperación de 278.000 euros en intereses de deuda aún pendientes.

Bruselas considera que España merece una "medida disuasoria" porque han pasado doce años desde que la CE declaró el régimen vasco ilegal y "es el segundo país con más casos por recuperar", explicó entonces el representante de la Comisión, Carlos Urraca.

La medida disuasoria que pide Bruselas es la imposición de una suma a tanto alzado de 25.817,4 euros al día a contar desde el 14 de diciembre de 2006, cuando el Tribunal pronunció una primera sentencia en la que daba la razón a la CE sobre la ilegalidad de las ayudas y pedía su recuperación.

La CE admite que el montante principal de las ayudas ha sido recuperado, pero también recalca que aún quedan pendientes 278.000 euros en intereses que afectan a ocho beneficiarios en Álava.

Por ello considera que podría dejarse caer la segunda sanción económica que pedía, y que aunque suponía una cuantía por día superior (de 236.044,8 euros), implicaba una penalización menor porque no empezaría a contar hasta que el Tribunal pronuncie su próxima sentencia, mientras que la otra multa computa desde 2006.

El diputado general de Álava, Javier de Andrés (PP), consideró en la vista que la cuantía de la multa que pide la Comisión "no corresponde a lo que ha sucedido", y explicó que las empresas vascas tenían derecho a acogerse a los beneficios fiscales ordinarios que existían en España, una vez se eliminaron las ayudas consideradas ilegales.

"Aceptamos que la sentencia dice que son ilegales, pero podemos aplicarle los criterios y los descuentos que se habrían aplicado con la legislación ordinaria", aclaró el diputado general alavés.

La abogada general del Estado español, Nuria Díaz Abad, hizo hincapié en que se ha recuperado todo el dinero que la CE entendía que se tenía que cobrar, incluso sin estar de acuerdo con la cuantía.

Las conocidas vacaciones fiscales vascas engloban tres medidas vinculadas a la exención del impuesto de sociedades, la reducción de la base imponible del impuesto de sociedades, y al crédito fiscal del 45 % del importe de ciertas inversiones.

El primer grupo de ayudas fue objeto de un procedimiento anterior, mientras que sobre los otros dos el Tribunal tendrá que decidir ahora.

Se calcula que unas 300 empresas se beneficiaron de estas ayudas.

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