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Absuelto el exdirector general de la CAM en el primer juicio por la gestión de la caja

La Audiencia Nacional no encuentra responsabilidad penal en López Abad por conceder créditos a otros directivos y las desmedidas retribuciones

El fallo absolutario evita que 18 beneficiarios del sistema de pagos respondan por una responsabilidad a título lucrativo

El directivo sigue imputado en el resto de piezas que se instruyen por la gestión de la entidad, rescatada con más de 5.000 millones

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La Audiencia Nacional absuelve a dos exdirectivos de CAM por el cobro de dietas

Roberto López Abad y Juan Ramón Avilés durante el juicio en la Audiencia Nacional

El exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo Roberto López Abad ha sorteado el primero de los obstáculos judiciales que enfrenta por su gestión de la caja, cuyo rescate costó más de 5.000 millones de euros de dinero público. La Audiencia Nacional ha absuelto a López Abad de los delitos que pesaban contra él por las presuntas irregularidades en el cobro de dietas y concesión de créditos a miembros o familiares de la cúpula de la entidad.

Contra López Abad pesaba una petición de la Fiscalía de cuatro años de prisión por los delitos de apropiación indebida y administración desleal. El fallo de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha absuelto también al que fuera presidente de la Comisión de Control, Juan Ramón Avilés, para el que la Fiscalía solicitaba una condena de dos años. López Abad habría concedido 17 millones de euros en préstamos a Avilés.

La consecuencia de que el tribunal no haya encontrado responsabilidad penal en la conducta de ambos implica que las otras 18 personas a las que el Ministerio Público consideraba responsables a título lucrativo no tendrán que hacer frente a pago alguno. Se trata de miembros de la Comisión de Seguimiento y Control de Tenedora de Inversiones (TI), sociedad participada por CAM, por cobrar de forma presuntamente irregular dietas que no correspondían. De haber prosperado la petición de Anticorrupción, todos ellos deberían haber indemnizado de forma solidaria al Banco Sabadell, que se quedó con la CAM, con 1,5 millones de euros.

Anticorrupción consideraba que la Comisión de Control de TI "fue un mero y burdo instrumento ideado" por López Abad para permitir que los miembros de la caja "cobraran unos emolumentos muy superiores a los que tenían derecho" y "sin realizar ningún trabajo adicional para la entidad" que los justificara. Meses antes del rescate, seis directivos obtuvieron más de 15 millones de euros en jubilaciones. La CAM destinó a la plantilla 47 millones de euros en plena agonía de la entidad.

El fallo considera que la instrucción de Javier Gómez Bermúdez no ha permitido concluir si "ideó, planeó y contribuyó burdamente a la creación de un órgano como instrumento para la percepción de una retribución, todo ello indebidamente". Las actuaciones que protagonizó el expresidente de la CAM, redundan los jueces, "no implica comportamiento penal alguno".

Los magistrados de la Sección Cuarta también reprochan a Gómez Bermúdez que atribuyera toda la responsabilidad a López Abad "relegando a nula trascendencia el hecho incuestionable de que fueran otros los que votaron favorablemente (los acuerdos) pues es a los que incumbía".

En referencia a Avilés, los magistrados aseguran que para que haya un delito de contrato simulado debe haber perjuicio a un tercero, y la CAM no lo fue en este caso, añaden. Se refieren al acuerdo por la venta de participaciones sociales el 23 de diciembre de 2010.

López Abad sigue imputado en el resto de las piezas separadas abiertas a la cúpula de la caja, entre ellas la que le costó su ingreso en prisión bajo fianza de 1,5 millones en noviembre de 2013 por el desvío de 247 millones a un paraíso fiscal del Caribe.

El exdirector general deberá responder también en la pieza principal del caso de la CAM junto al expresidente Modesto Crespo, la ex directora general María Dolores Amorós y los exdirectores de Recursos y Planificación Vicente Soriano y Teófilo Sogorb por delitos societarios, estafa y manipulación del precio de las cosas, cuya instrucción, como ocurre con las anteriores, no ha concluido aún.

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