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Almunia dice que España conoce bien las condiciones sobre las preferentes

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El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, rehusó hoy comentar el acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE para dar salida a miles de afectados por las preferentes al reiterar que son las autoridades españolas las que deben resolver los casos de los titulares de preferentes.

"No conozco ningún aspecto (del acuerdo) más allá de lo que la prensa publica", dijo en una rueda de prensa Almunia tras ser preguntado si el pacto entre esas dos fuerzas políticas se ajusta a las condiciones establecidas por el Memorando de Entendimiento sobre el reparto de cargas para titulares de participaciones preferentes y de deuda subordinada en la reestructuración de la banca española.

"En todo caso, las autoridades españolas conocen muy bien cuáles son las condiciones establecidas en el Memorando de Entendimiento y en las decisiones de noviembre y diciembre para la reestructuración de los bancos en España con apoyo público procedente del fondo de rescate europeo", explicó el comisario.

"Sobre el engaño, el Memorando de Entendimiento o nuestras decisiones no opinan. Eso pertenece a otra esfera, y es una esfera de autoridades españolas, en todo caso de la justicia española", agregó Almunia.

El vicepresidente de la CE recordó que Bruselas estableció una metodología junto con sus interlocutores españoles para evaluar el valor de canje de las preferentes y de la deuda subordinada que debe contribuir con quitas a la recapitalización de las entidades.

El reparto de esfuerzos "es un principio general que trata de defender el bolsillo de los contribuyentes", sostuvo.

El acuerdo entre los grupos parlamentarios del PP y el PSOE incluirá la creación de una comisión de seguimiento para decidir el perfil de cliente que puede optar al arbitraje con el objetivo de recuperar el 100 % de su inversión.

La comisión estará liderada por la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, a la que acompañarán responsables del Banco de España, del Ministerio de Sanidad y Consumo, el Tesoro, las consejerías autonómicas que han participado en los arbitrajes y el Consejo de Consumidores y Usuarios.

El arbitraje está pensado especialmente para los afectados por las participaciones preferentes vendidas por las cajas integradas en Bankia, porque en CatalunyaBanc y Novagalicia, ya se ha recurrido a esta medida.

Sin embargo, "eventualmente" podría aplicarse un procedimiento similar para otras entidades que se prevé sean nacionalizadas o hayan recibido apoyo público, "si se identificasen problemas de comercialización" como los que hubo en aquellas entidades.

En cualquier caso, los bancos que han recibido ayudas europeas deberán canjear las participaciones preferentes por acciones (incluso aunque la entidad no cotice) antes de finales de marzo y aplicando una quita próxima al 40 %.

En el futuro y con el arbitraje podrían recuperar su inversión inicial como ha pasado con afectados de preferentes de CatalunyaBanc y Novagalicia que pudieran demostrar que hubo "mala praxis" en la comercialización de estos productos híbridos.

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