Andorra se decanta por la continuidad de BPA y mantiene las restricciones

El gobierno andorrano mantendrá la actual operativa con restricciones de Banca Privada d'Andorra (BPA) mientras busca una solución definitiva para la entidad, que podría pasar por su “reestructuración”, lo que supondría que seguiría funcionando, pero bajo otra marca y dirección.

El ministro de Finanzas en funciones de Andorra, Jordi Cinca, ha explicado hoy, en rueda de prensa, que el gobierno trabaja a contrarreloj en busca de soluciones para BPA, pero “por desgracia” aún no la tiene.

Por ello, la entidad, intervenida la pasada semana por blanquear presuntamente capitales del crimen organizado, seguirá abierta, pero mantendrá la limitación en la retirada de efectivo de sus clientes a 2.500 euros por semana y cuenta.

“Me parece prioritario mantener la entidad abierta mientras se articulan soluciones para el futuro”, ha afirmado el también ministro Portavoz, quien ha detallado que las alternativas para BPA son básicamente dos: su “reestructuración”, de manera que la entidad pueda seguir operando bajo otro nombre, dirección y formato, o su “resolución” o liquidación ordenada.

Cinca ha subrayado que el Principado se “decanta más” hacia la primera opción, pero advierte de que sea cual sea la solución que se elija finalmente la prioridad ha de ser salvaguardar los derechos y depósitos de los 270 trabajadores de la entidad y de los clientes.

El ministro ha asegurado que el fin de las restricciones en la retirada de depósitos dependerá directamente de que BPA vuelva a tener líneas abiertas y un flujo normalizado en el mercado internacional.

Ha afirmado asimismo que la salida de efectivo del país ha sido “muy poca” por las restricciones y que el escándalo de BPA no ha tenido “ningún tipo de contagio” en el resto de la banca andorra, que sigue operando con normalidad.

Ha recordado, a este respecto, que el caso BPA no se deriva de una crisis de solvencia o liquidez, sino que tiene su origen en una 'mala praxis' por parte de algunos directivos de la entidad, entre ellos su consejero delegado, Joan Pau Miquel, que está en prisión por un presunto delito de blanqueo de capitales de la mafia china.

El ministro de Finanzas ha defendido la rapidez con la que ha actuado su gobierno en este asunto, lo que ha permitido, en su opinión, “aislar” el caso y evitar el contagio al resto del sector.

Pese a todo, ha reconocido que Andorra, con un gobierno a día de hoy en funciones, debe dotarse de una legislación más moderna que permita hacer frente a situaciones de este tipo de una forma más ágil.

“Andorra no tiene leyes adaptadas para hacer frente a una situación como BPA”, ha reconocido Cinca, quien ha indicado que la ley concursal del Principado “no está pensada” para un sector tan complejo como el financiero.

El portavoz ha destacado además, la unidad con la que están actuando todas las fuerzas políticas ante el caso y ha dicho que en un país tan pequeño como Andorra las soluciones hay que encontrarlas desde el trabajo conjunto.

A corto plazo, el objetivo del Principado es recuperar la confianza de los mercados y restablecer algunas líneas operativas de la entidad, por lo menos en el ámbito del euro, manteniendo en todo momento el servicio de las oficinas, aunque sea de forma restringida.

Y a largo plazo, el gobierno espera hallar una solución definitiva para BPA. Los expertos, a diferencia del ejecutivo andorrano se decantan por la liquidación de la entidad.

Precisamente, la agencia de medición de riesgos Fitch ha vuelto hoy a rebajar la nota de BPA, situándola al borde la quiebra.