Anterior jefe del Canal de Panamá dice que el consorcio debe terminar la ampliación

El anterior administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) Alberto Alemán Zubieta dijo hoy que el consorcio internacional encargado de la ampliación de la vía interoceánica “debe terminar” la obra y presentar, ahora o después, sus reclamos económicos por las vías establecidas en el contrato.

Alemán Zubieta, responsable de la ACP cuando el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que lidera la española Sacyr, ganó la licitación del proyecto de ampliación, tildó de inconveniente que el consorcio abandone el proyecto, aunque destacó que el Canal tiene capacidad para asumir las obras y terminarlas.

El GUPC anunció ayer que en 21 días suspenderá las obras de ampliación, que ya se han completado en un 70% en su conjunto, si la ACP no reconoce “sobrecostes” cifrados por el consorcio en 1.625 millones de dólares.

Alemán Zubieta afirmó hoy que no le sorprenden las acciones de “presión” del consorcio “para que le concedan lo que ellos consideran son reclamos” por sobrecostes por mecanismos fuera del contrato.

El antiguo administrador respaldó la posición de la ACP de que cualquier petición económica la debe presentar el contratista por las vías “claramente establecidas en el contrato” firmado por las partes.

“Están reclamando que esto le ha costado mucha más plata o que tienen pérdidas, pero esos son problemas que tiene ellos (...) ellos deben terminar (la obra). Eso no quiere decir que no puedan seguir reclamando ahora o en el futuro”, declaró Alemán Zubieta a la cadena TVN de Panamá.

A su juicio, el GUPC “ha tratado de salirse del proceso (establecido en el contrato) para que el Canal les reconozca lo que ellos llaman sobrecostes”.

“Para mí no hay tal cosa (los sobrecostes) porque ellos manejan y deben controlar sus costos”, afirmó Alemán Zubieta.

Defendió que la ACP “ha estado pagando puntualmente” todas sus obligaciones contractuales, incluyendo “más de 120 millones de dólares” por concepto de alza de insumos, al consorcio internacional, que además Sacyr integran la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA.

“Aparentemente están ellos aduciendo a una cláusula del contrato, que entiendo yo, si recuerdo bien, que protegía al contratista en caso que la ACP no esté pagando adecuadamente. Pero el Canal de Panamá ha estado pagando puntualmente, está pagando muy bien”, aseveró.

La ACP rechazó ayer mismo de manera “categórica las presiones” del GUPC para negociar “fuera del contrato” sobrecostes por valor de 1.625 millones de dólares, exigió al consorcio que presente sus peticiones por las vías establecidas legalmente y expresó su esperanza en que finalice el proyecto de ampliación.

En un comunicado, el administrador de la ACP, Jorge Quijano, dijo que legalmente “la intención de suspensión” expresada por el consorcio “no implica una terminación o abandono del proyecto”, pero que, si eso llegara a suceder, “pondrá en acción los mecanismos del contrato que le permiten completar la obra”, sin más precisiones

Alemán Zubieta aseveró hoy que el contrato firmado por las partes incluye una serie de mecanismos que garantizan la culminación de la obra, entre ellas una fianza de una compañía aseguradora internacional.

“Estamos blindados (...) no sería la primera vez que se tenga que llamar a la aseguradora para que se termine una obra (...) no sería la mejor de las situaciones, espero que no se de”, añadió.

Quijano dijo en diciembre pasado a la prensa local que la ACP tenía la capacidad de tomar el control del proyecto de construcción del nuevo juego de esclusas, en caso de que el GUPC no cumpliera el contrato.

El administrador dijo entonces que el consorcio supuestamente pidió negociar fuera de contrato los costos adicionales, lo que la ACP descartó “porque se puede perder la garantía de fianza de cumplimiento”, que suma 600 millones de dólares a cargo de una aseguradora.

Por su parte, Sacyr afirmó hoy que “mantiene abierta” la interlocución con la ACP “para alcanzar un acuerdo satisfactorio” que ponga fin a lo que consideran el “actual desequilibrio contractual”, en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España.

Sacyr apunta incumplimientos graves de los términos contractuales por parte de la ACP y dice haber presentado “fundadas reclamaciones en relación con los sobrecostes del proyecto derivados de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles ante las diversas autoridades competentes”.