Aprueban convenios de acreedores de cinco filiales de Pescanova en concurso

La mitad de las diez filiales de Pescanova en situación concursal han evitado hoy la liquidación al aprobar la mayoría de sus acreedores el convenio propuesto por la banca.

Es el caso de Pescanova Alimentación, que ha obtenido el visto bueno del 95,45 % de los acreedores; Frigodis (94.37 %), Frivipesca Chapela (89.31 %), Bajamar Séptima (80.91 %) y Fricatamar (85.39 %), informaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra ha acogido a lo largo de la mañana la primera tanda de las juntas de acreedores, una por cada empresa filial, mientras que la otra mitad se celebrará mañana.

En todos los casos se han aprobado las propuestas de convenio presentadas por el denominado G-7, el núcleo duro de los bancos acreedores, formado por Abanca, Caixabank, Sabadell, Bankia, BBVA, Popular y UBI Banca, y se han rechazado las de Pescanova.

En el caso de Bajamar Séptima, el G-7 ha contado hoy con el apoyo de otras entidades financieras, como HSBC o Citi, para sacar adelante su propuesta de convenio, ya que no eran los acreedores mayoritarios, al igual que sucede con Frinova.

Esta última más Insuiña, Pescafina Bacalao, Novapesca Trading y Pescafresca completan la decena de filiales de Pescanova amenazadas con la liquidación. A partir de hoy son las únicas.

Entre todas arrastran una deuda de unos 800 millones de euros. Las quitas aprobadas oscilan entre el 70 % y el 99 %.

Santiago Hurtado, de Deloitte, administrador concursal de Pescanova, ha advertido de la importancia de la aprobación de los convenios de acreedores de cada una de las diez filiales, ya que “la alternativa”, ha dicho, sería su liquidación, que conllevaría la extinción de la matriz.

Pescanova ha fijado la celebración el 28 de mayo, en primera convocatoria, y para el día siguiente, en segunda, su junta general ordinaria de accionistas, en la que se aprobarán los resultados de la empresa pesquera, se abordará la modificación de los estatutos sociales para adaptarlos a la Ley de Sociedades de Capital y el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.

Además, se otorgará la autorización al consejo de administración, con expresa facultad sustitutiva para la adquisición de acciones propias por parte de la sociedad y por sus empresas dependientes, y se informará sobre la hoja de ruta del convenio de acreedores.