La Audiencia confirma la fianza de 16 millones para Blesa por las tarjetas 'black'

La Audiencia Nacional ha replicado al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa que el Consejo de Administración de la entidad “en ningún momento aprobó” que las 'tarjetas B' que tenían sus directivos se destinaran a sufragar gastos “de carácter personal y ajenos al ejercicio de sus funciones”.

Así consta en un auto dictado este martes en el que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal confirma la fianza de responsabilidad civil de 16 millones de euros que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu impuso a Blesa y señala que el expresidente de la entidad, imputado por un delito continuado de administración desleal, “contribuyó eficazmente a la emisión, entrega y uso de las tarjetas para fines que nunca habían sido aprobados por el Consejo de Administración”.

Los magistrados de la Sección Tercera rechazan el argumento de Blesa, que alegó que la creación de las 'tarjetas B' se produjo en los años ochenta durante el mandato de su antecesor, Jaime Terceiro, y señalan que ninguna de las actas de los consejos que ha aportado al procedimiento demuestra que este órgano amparara “la emisión, entrega y uso” que en realidad se hizo de los plásticos.

También rechazan que las tarjetas constituyeran “un complemento retributivo”, como alegó Blesa en su declaración ante el juez Andreu, ya que los gastos que provocaron en la entidad (15,2 millones de euros entre 1996 y 2012) no se contabilizaban en la cuenta de remuneraciones y no eran sometidas a la correspondiente retención fiscal.

Blesa “evidentemente conocía”

Los magistrados Guillermo Ruiz Polanco, Ángeles Barreiro y Carmen Lamela (ponente) también destacan en su auto que Blesa no puede alegar “desconocimiento” del uso que los 83 consejeros de Caja Madrid y Bankia hicieron de las tarjetas opacas porque su “emisión, entrega y límites de disposición” se fijaron con su “beneplácito”, tal y como admitió en su declaración ante el juez instructor.

De igual modo, el expresidente de Caja Madrid admitió haber “recibido y utilizado” una de esas tarjetas, de forma que, “como presidente de la entidad durante 13 años y como usuario” de este medio de pago, “tuvo que conocer el reflejo que las disposiciones efectuadas tenían en la contabilidad de la entidad, así como la falta de reflejo en su nómina y en la certificación de retenciones que anualmente se le entregaba a efectos de la declaración del impuesto correspondiente”.

“Perjuicio real y efectivo”

Además, los tres jueces de la Sala de lo Penal apuntan que el uso de las 'tarjetas B' provocaron “un perjuicio real y efectivo” primero para Bankia y luego para el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que “se vio obligado a la aportación de capital público para sanear las cuentas de la entidad”

Tras destacar la “gravedad de los hechos” que se imputan a Blesa, la Sección Tercera destaca que la cuantía de la responsabilidad civil que “previsiblemente pudiera declararse procedente aconseja desde luego la adopción de la medida impugnada al objeto de asegurar el normal desarrollo del proceso, garantizar la ejecución de una posible futura sentencia condenatoria y dar protección a los perjudicados”.

El juez Andreu impuso el pasado 16 de octubre una fianza pecuniaria de 16 millones de euros para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y otra de tres millones para el de esta entidad y Bankia Rodrigo Rato, al considerar que “consintieron, aceptaron y propiciaron” el uso de las 'tarjetas B'.