La Audiencia Nacional decide este mes si procesa a Fernández Ordóñez por Bankia

La Audiencia Nacional decidirá el próximo 21 de julio si propone juzgar a los ex altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Banco de España, entre ellos al exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por su responsabilidad en el proceso de la salida a bolsa de Bankia.

En una diligencia a la que ha tenido acceso Efe, la sección tercera de la sala de lo Penal fija para esa fecha la deliberación y votación del recurso de apelación interpuesto por la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), al que también se han adherido defensas como la del exconsejero de IU en Bankia José Antonio Moral Santín, procesado en esta causa.

Según consta en el documento, el escrito del sindicato que preside Gonzalo Postigo ha sido secundado por otro dos de los antiguos consejeros de la entidad propuestos por el magistrado Fernando Andreu en su auto de procesamiento, Pedro Bedía y Francisco Baquero, así como por la acusación que ejerce la Confederación General del Trabajo (CGT).

La decisión de la sala, de la que será ponente la juez Ángeles Barreiro, se conocerá más de dos meses después de que el instructor del caso Bankia decidiera procesar al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato; al exvicepresidente, José Luis Olivas; al ex consejero delegado, Francisco Verdú, y a una treintena de directivos, al entender que se falsearon las cuentas anuales y hubo fraude a los inversores.

Sin embargo, archivó las actuaciones relativas a los organismos reguladores y supervisores, exculpando así al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al exsubgobernador Javier Aríztegui, al expresidente de la CNMV Julio Segura y al exvicepresidente Fernando Restoy, entre otros.

Una decisión que fue recurrida por la CIC, que alegó ante la Audiencia Nacional que se habían ignorado informes que confirman la responsabilidad de ambas instituciones en el debut bursátil de la entidad.

En concreto, destacaba la omisión de cualquier referencia a los correos electrónicos del inspector del Banco de España José Antonio Casaus, crítico con la viabilidad del grupo BFA-Bankia, así como de menciones a los últimos informes aportados “a petición del propio instructor” y realizado por los peritos Antonio Busquets y Víctor Nogueras.

Asimismo, el escrito recordaba que fue la propia sala de lo Penal la que instó al juez a citar como investigados a estos antiguos altos funcionarios al entender que “existían indicios múltiples bastantes” de la comisión de un delito.

El sindicato recurrió además el sobreseimiento de las actuaciones sobre la auditora Deloitte -sólo continúa la causa contra el socio auditor Francisco Celma- y los exconsejeros de Bankia Atilano Soto y Luis Blasco Bosqued, quienes han impugnado ante el tribunal dichas pretensiones.

Contra todos ellos se dirige el escrito de acusación remitido por la CIC en caso de que la sala revoque la decisión del juez Andreu, no así el de la Fiscalía Anticorrupción, que solo atribuye la responsabilidad de las supuestas irregularidades a Rato, Olivas, Verdú así como al exconsejero José Manuel Fernández Norniella, para quienes solicita entre cinco años y dos años y siete meses de prisión.