La Audiencia Nacional no se hará cargo del caso Rato

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido hoy que la investigación a Rodrigo Rato es competencia de los juzgados de Madrid y no de la Audiencia Nacional, puesto que no se ve que haya una “conexión clara” entre los delitos que se le imputan al exvicepresidente y el caso Bankia.

El pasado 20 de abril, el juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, decidió inhibirse en favor del magistrado de la Audiencia Nacional al considerar que los hechos relatados en la denuncia que le presentó la Fiscalía de Madrid contra el exministro de Economía tenían conexión con el caso Bankia.

Pero la Sección 23 de la Audiencia Provincial ha estimando el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión del juez de Madrid y, tras deliberar a puerta cerrada, han fallado hoy que la competencia para investigar a Rato por cinco delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes corresponde al juzgado de Instrucción número 31 de Madrid.

En este momento, señala la resolución publicada hoy, “no aparece con claridad” la conexión entre los delitos por los que está acusado Rodrigo Rato y el caso Bankia, y aclara que “no se puede afirmar” que los hechos de los que se acusa a Rato “puedan constituir delitos que produzcan grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia”.

Además, como Rato ya ha abonado la fianza de tres millones de euros impuesta por el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, sgún la resolución publicada hoy, no tiene sentido que los delitos de los que está acusado -cinco delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes- se hubieran cometido para sustraer su patrimonio ante el pago de dicha fianza.

En su escrito, la Fiscal Anticorrupción Elena Lorente rechazaba estos vínculos y describía la investigación como aún muy “incipiente” como para atribuirla a la Audiencia Nacional.

Para la Fiscal, nada tiene que ver este caso con el de las irregularidades en la fusión y salida a bolsa de Bankia, causa que podría “devenir inmanejable” e ineficaz si se introducen “los eventuales delitos fiscales u otros” cometidos por los imputados.

No obstante, no descartaba que del avance de la instrucción “pueda determinarse la existencia de un delito que sea competencia de los Juzgados Centrales de Instrucción”.

La resolución publicada hoy señala que aún sin considerar si son delitos conexos o no, no cumplen los motivos para elevarlos a la Audiencia Nacional al no producir una “grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia”.

De este modo, será el magistrado Antonio Serrano-Artal el encargado de la causa, y no el juez instructor del caso Bankia, Fernando Andreu.