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La Audiencia de Zaragoza condena a 4 años de cárcel a dos exdirectivos de CAI
La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a cuatro años de cárcel al exdirector general de la desaparecida Caja Inmaculada (CAI) Tomás García Montes, al exdirectivo Javier Alfaro y a un socio de ambos, Ramón Marrero, por un delito de apropiación indebida agravada.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, les impone el pago de sendas multas de 3.600 euros a cada uno y de indemnizaciones por diversos conceptos que en conjunto rozan los 7 millones de euros (6.927.915), pero los absuelve de los delitos de administración desleal y estafa continuada.
La esposa de Alfaro, María Ángeles Álvarez, también es condenada como partícipe a título lucrativo y deberá abonar de forma solidaria con su marido 110.735 euros. E
La causa se inició a raíz de la interposición en 2012 por parte de la CAI, que ahora forma parte de Ibercaja, de una denuncia contra los exdirectivos de la entidad por presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal, a la que posteriormente se sumó la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), sindicato de las antiguas cajas.
Los hechos probados son que los tres, que crearon una “persistente ideación delictiva”, se aprovecharon de su posición la entidad financiera para adquirir inmuebles a precios muy inferiores a los del mercado y conseguir créditos sin las garantías necesarias, todo lo cual causó un daño patrimonial a distintas sociedades dependientes de la extinta caja.
Asimismo, considera probado que Arcai, una sociedad participada mayoritariamente por CAI Inmuebles, abonó parte del coste de un viaje de las tres familias a Egipto, cuyo importe total fue de 200.000 euros.
Al abogado, empresario y exconsejero socialista de la Junta de Andalucía, Ramón Marrero, se le concedió un crédito que éste pudo amortizar aportando un inmueble cuyo valor real era muy inferior del que se tasó para formalizar el préstamo.
La sentencia destaca la “manera opaca y personalista con que Tomás García Montes ejercía su cargo”, así como la falta de transparencia y la “elevada concentración del crédito y de las inversiones de la CAI en el sector de la promoción y construcción inmobiliaria”.
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