La Autoridad Fiscal ve un alza del PIB y del empleo superior al del Gobierno

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, considera que el crecimiento de la economía y del empleo superarán en 2017 las estimaciones que marcan los Presupuestos de 2017 y prevé que el PIB aumente en el entorno del 3 %.

“El arranque de este año es extraordinariamente positivo y estamos teniendo crecimientos que sorprenden a todos los analistas”, ha dicho Escrivá durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso donde ha analizado los Presupuestos Generales del Estado para este año.

Escrivá ha dicho que la AIReF maneja previsiones que apuntan a un crecimiento del entorno del 3 % para este año si se mantiene la tendencia de los últimos meses y que también prevé una tasa de inflación algo superior.

Ha incidido en la necesidad de evaluar este crecimiento del empleo y del PIB tan dinámico y ha explicado que el avance de la economía en la actualidad es más sano que en el pasado, aunque también ha dicho que los ingresos de los años futuros no crecerán al ritmo que lo hicieron antes de la crisis.

En este sentido ha reiterado la necesidad de hacer una evaluación mensual “rigurosa” de los ingresos y de la recaudación tributaria, ya que el principal problema -ha dicho- proviene del IRPF.

Ha argumentado que los ingresos de años pasados, como el 2000, crecían al mismo ritmo que el PIB y que incluso en 2008 y en 2009 había dos puntos más de ingresos por encima del crecimiento económico, una tendencia de recaudación que se rompe pese a la recuperación actual.

En su opinión, esto se debe a que el crecimiento es mucho más equilibrado y sano en el presente que en el pasado, debido a la inflación, que es menor, y que en años anteriores se situó incluso en el 5 %, y al cambio en el impuesto de sociedades, que ha provocado la diferente relación entre la base imponible real y su recaudación efectiva.

En cuanto al riesgo de que los Presupuestos no se aprueben, Escrivá ha considerado que el “principal impacto” recae en comunidades autónomas y ayuntamientos, cuya financiación está ligada a las cuentas públicas.