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Báñez aborda el martes en el Congreso medidas para el futuro de las pensiones

Báñez aborda el martes en el Congreso medidas para el futuro de las pensiones

EFE

Madrid —

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, aborda este martes en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso las medidas urgentes que necesita el sistema de pensiones para atajar su déficit, al tiempo que explicará las últimas disposiciones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

La reforma de las pensiones estará presente esta semana parlamentaria, tanto en el Pacto de Toledo como en el pleno del Congreso, donde se debatirá una proposición no de ley del PP para que el sistema de pensiones se rija siempre por los principios de equidad, contributividad y solidaridad.

A este debate se sumará la pregunta del grupo socialista en la primera sesión de control al Gobierno de esta legislatura y en la que Báñez debe aclarar cómo piensa afrontar el déficit de la Seguridad Social.

La ministra de Empleo abre las primeras comparecencias públicas en la Comisión del Pacto de Toledo que ha fijado como meta que, entre abril y mayo, se cierre un documento que aporte nuevas medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.

Todos los grupos parlamentarios están de acuerdo en la necesidad de mandar un mensaje de tranquilidad a los pensionistas, pero coinciden en que hay que adoptar nuevas medidas sobre la financiación del sistema y debatir sobre las diferentes prestaciones contributivas y no contributivas.

Las formaciones políticas han acordado un calendario de comparecencias abiertas y tras Báñez está previsto que comparezca el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, y los secretarios generales de UGT y de CCOO, así como los presidentes de la CEOE y CEPYME.

La comisión también ha acordado pedir la presencia del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, para que explique las partidas presupuestarias de 2017 que pueden afectar al sistema de pensiones.

Otros comparecientes serían el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, y representantes de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), de Mutualidades y del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

Por otra parte, el pleno del Congreso debatirá por la tarde una iniciativa del grupo parlamentario del PP para que el nuevo acuerdo que fije el Pacto de Toledo refuerce los principios de equidad, contributividad y solidaridad del sistema y atienda de forma prioritaria a su sostenibilidad económica y a la adecuación de sus prestaciones contributivas y no contributivas.

La iniciativa popular recuerda que la demografía está poniendo en tensión a un sistema de pensiones que ya ha superado en la actualidad las 9.300.000 pensiones y señala que las personas jubiladas viven cada vez más, como consecuencia del aumento de la esperanza de vida.

El PP insiste en que la pensión media está por encima de los 1.000 euros y destaca que, desde diciembre de 2011, los pensionistas han ganado 1.106 millones de euros de poder adquisitivo y están ganando 565 millones a lo largo de los meses de 2016.

El pleno del Congreso también vota el martes una proposición de ley de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que solicita subir el salario mínimo a 800 euros mensuales en 2018 y 2019 con el fin de aumentarlo hasta los 950 euros en 2020.

Esta iniciativa ya fue registrada en la anterior legislatura pero no puedo ser debatida.

Unidos Podemos vuelve a abogar por que la revalorización del SMI se haga cada año en función del IPC previsto o en todo caso del real, si es superior, y que compute únicamente la retribución en dinero y no el salario en especie.

Recuerda que el SMI se sitúa actualmente en 655,20 euros mensuales, una cantidad que considera “insuficiente” frente a la media salarial de los trabajadores españoles que fue de 1.881 euros en 2014 y reitera los incumplimientos que señala el Comité Europeo de los Derechos Sociales y la recomendación de la Carta Social Europea de situar este sueldo en el 60 % del salario medio neto.

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