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Becerril critica la rebeldía de la banca ante el Banco de España y la CNMV

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El Defensor del Pueblo pide un IVA reducido de gas y electricidad ante la mayor pobreza

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El Defensor del Pueblo cree que tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no protegen adecuadamente a los clientes bancarios, pues algunas entidades financieras ni acatan sus resoluciones ni sufren consecuencias por resistirse a su cumplimiento.

Esta es una de las conclusiones del informe anual correspondiente a 2014 que la defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha entregado hoy a los presidentes del Congreso, Jesús Posada, y del Senado, Pío García Escudero.

En opinión del organismo, por esta resistencia de las entidades financieras la protección de los derechos de los clientes bancarios no es suficientemente garantista, y por ello insta a encontrar la manera de que la Administración defienda a los ciudadanos de forma más eficaz y las entidades corrijan algunas prácticas.

En ocasiones, indica el informe, incluso si se confirma que una entidad financiera ha llevado a cabo malas prácticas no se le abre expediente alguno, independientemente de lo grave que haya sido su actuación.

Aunque el organismo valora la buena disposición de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, no comparte su idea de que los usuarios de productos financieros están suficientemente protegidos, y cree que los particulares no cuentan con una "defensa real" por parte de la Administración frente a los abusos de la banca.

En concreto, critica el retraso en la resolución de las reclamaciones presentadas al Banco de España, aunque entiende que el número de reclamaciones que recibe el organismo se ha disparado en los últimos tiempos, y gestionarlas es "extraordinariamente difícil" en un momento de recortes del gasto público.

También reconoce que el Banco de España ha contratado personal y ha acudido a empleados externos, pero señala que no es suficiente.

El informe se ocupa también de las restricciones para la apertura de cuentas corrientes, que pueden provocar o acentuar la exclusión social de un considerable número de personas que no cumplen con los requisitos pero a los que no se debe dejar de lado.

Por lo que respecta a las reclamaciones por la comercialización de participaciones preferentes de las cajas que dieron lugar a Bankia, el Defensor del Pueblo cree que los afectados no cuentan con toda la información necesaria para decidir si les interesa acudir o no a los tribunales.

Por eso, ha recomendado a Economía que inste a Bankia a informar adecuadamente a los clientes que lo soliciten sobre los motivos de la consultora KPMG para recomendar o no la vía judicial, aunque esta recomendación ha sido rechazada.

KPMG ha sido la consultora encargada de elaborar un informe para valorar si cada una de las solicitudes presentadas reúne los requisitos para participar en el proceso de arbitraje o por el contrario debe acudir a los tribunales.

Pero a los ciudadanos que se han decidido por la vía judicial les afecta la falta de recursos y de medios de los juzgados, que se retrasan en demasía, particularmente en los casos de demandas colectivas.

Y por eso, el Defensor del Pueblo se ha dirigido al Consejo General del Poder Judicial para que dote a los juzgados de estos medios y recursos de los que adolece, pero aún no ha obtenido respuesta.

El informe está redactado antes de conocerse que el Tribunal Supremo ha decidido que la banca deberá devolver las cantidades cobradas de más por las cláusulas suelo declaradas abusivas a partir del 9 de mayo de 2013, fecha en la que anuló aquellas que no cumplieran con los criterios de transparencia.

Sobre este particular, el documento recuerda que en su día se instó a las entidades financieras a extremar la atención a la hora de comercializar los préstamos hipotecarios con este tipo de cláusulas, pese a lo cual en su informe anual de 2013 el Banco de España reconocía que había recibido 18.387 reclamaciones por este motivo.

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