Bruselas decidirá el 17 de febrero si sanciona a España por el control del Gobierno sobre la tarifa eléctrica

La Comisión Europea publicará el 17 de febrero el paquete de infracciones en el que decidirá si sanciona y denuncia a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por arrebatar al regulador la competencia para fijar los peajes de electricidad o si, por el contrario, acepta los compromisos remitidos por carta por el Gobierno.

A finales de noviembre, el Gobierno remitió una carta a Bruselas en la que responde a la notificación de procedimiento sancionador presentada por las autoridades comunitarias y se compromete a “despejar las dudas” y a adoptar las medidas necesarias para “permitir el cierre del expediente”, según el contenido de la misiva, recogida por 'El País' y 'El Mundo'.

En la carta, el Gobierno comunica que está dispuesto a cambiar la estructura de los peajes, en la medida en que acepta “aumentar las competencias de la CNMC”. Sin embargo, habrá un “mecanismo de doble lectura” en el que la CNMC realizará una propuesta y el Gobierno fijará los precios y quedará a la espera del posterior visto bueno del regulador. No se especifica qué ocurrirá en caso de discrepancia.

La Comisión Europea considera que la asunción por parte del Gobierno de la capacidad para fijar los peajes de luz, con los que se sufragan los costes regulados del sistema eléctrico, supone un incumplimiento de las directivas 2009/72-CE y 2009/73-CE.

Por este motivo, inició en septiembre de 2015 un procedimiento de infracción que derivó en un dictamen de reprobación cuyo contenido llegó a finales del año pasado a Madrid. Desde ese momento, el Gobierno dispone de un plazo de dos meses para adoptar medidas con el objeto de evitar una sanción y la judicialización del caso.

Bruselas se encuentra cerrando el tercer paquete sobre energía antes de abordar el cuarto y, como parte del proceso, desea cerrar en febrero los posibles procedimientos sancionadores que se presenten. El Colegio de Comisarios debe decidir ahora si acepta los argumentos presentados por el Gobierno, después de considerar que “sin duda alguna se infringen sin ambigüedad las directivas” comunitarias en la actual regulación española.

Las fuentes aseguran que el dictamen motivado remitido por Bruselas indica, de forma textual, que “las directivas exigen la total independencia de cualquier interés público o privado, incluida la intervención nacional, en el ejercicio de las funciones de supervisión de la ARN (Autoridad Reguladora Nacional)”.

“La independencia respecto a los gobiernos es un aspecto crucial del régimen de las ARN a tenor de las directivas” y “la experiencia ha demostrado que la eficacia reguladora a menudo se ve obstaculizada por la falta de independiente de los reguladores respecto a los gobiernos”, indica el dictamen, según las fuentes.

España es una excepción en Europa en la fijación de peajes eléctricos por parte del Gobierno. Esta competencia estaba en manos de la CNMC desde su creación, pero un año después el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, decidió arrebatársela mediante una enmienda en una ley ajena al sector, argumentando razones de “seguridad jurídica”.