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Análisis

Bruselas busca una salida a la encrucijada presupuestaria por la falta de Gobierno en España

El Ejecutivo en funciones no presentará un nuevo presupuesto para 2017, como exige la Comisión, sino una prórroga del de 2016

Bruselas espera antes del 15 de octubre una lista de ajustes para corregir el déficit y evitar una nueva multa, lo que llevará al Gobierno a buscar el apoyo del PSOE para reformar el Impuesto de Sociedades

Las reglas de gobernanza europeas no están preparadas para un caso como este

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España se compromete con Bruselas a cerrar los presupuestos de 2016 en julio

España se compromete con Bruselas a cerrar los presupuestos de 2016 en julio EFE

La Unión Europea intenta encontrar una solución para el complejo escenario que se abrirá cuando el 15 de octubre España no presente un nuevo presupuesto para 2017, sino una prórroga del de 2016. La Comisión espera una lista de medidas de ajuste para encarrilar el déficit –y evitar una multa millonaria– que serán difíciles de aprobar por un Gobierno en funciones.

Bruselas reconoce los retos que afronta España, asume que no habrá nuevas cuentas para el año próximo y busca una fórmula para evaluar a un Gobierno sin plenos poderes. Pero el desafío recae también, una vez más, del lado de la gobernanza europea. Como en ocasiones anteriores, en muchas con España de protagonista, se ha visto que las normas pactadas por los países del euro no se adaptan a las circunstancias reales de los países. Un Ejecutivo en funciones no puede cumplir a rajatabla con los compromisos del pacto fiscal, un corsé demasiado estrecho para la nueva realidad política que vive la UE.

“Resulta difícil para la Comisión Europea juzgar un presupuesto cuando no lo hay y es difícil para un Gobierno en funciones diseñar uno nuevo”, dijo el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, resumiendo con claridad la encrucijada en que se encuentra España para cumplir sus criterios con la burocracia europea.

La CE anuló en julio la multa millonaria a la que se enfrentaba Madrid por no haber emprendido acciones suficientes para corregir su exceso de déficit y le dio dos años extra, hasta 2018, para llevarlo por debajo del 3% del PIB. Pero la nueva senda fiscal exige un ajuste estructural equivalente a 10.000 millones de euros para alcanzar un 3,1% en 2017 y 2,2% en 2018.

Este esfuerzo tiene que plasmarse en las cuentas del año próximo y el informe que España entregará en octubre. Si no convencen a la CE, el país se arriesga a la congelación de hasta 1.100 millones de euros en fondos estructurales y una multa automática de hasta 5.000 millones por reincidir en los incumplimientos.

La UE asume que habrá un presupuesto prorrogado

Pero la ley española prohíbe al Gobierno en funciones aprobar un nuevo presupuesto y le ata las manos para adoptar casi cualquier medida legislativa. El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, avisó al Ejecutivo comunitario de que se prorrogará el presupuesto de 2016, unas cuentas aprobadas mucho antes de lo habitual en vista de las elecciones y con las críticas de Bruselas, que advirtió que no eran realistas para cumplir el déficit.

Bruselas ha tenido que resignarse a recibir un documento sin cambios en las políticas, que es precisamente lo que el Consejo le pide a España (que refuerce su marco fiscal y las políticas de contratación pública) y que a priori no está permitido.

“Tenemos que clarificar lo que puede hacer un Gobierno en funciones dado que la línea general es que no puede presentar un presupuesto sin cambios en las políticas”, explicaba Dijsselbloem. Pero si algo quedó claro con el indulto de julio es que cuando hay voluntad política las reglas dejan margen de maniobra.

A la espera de que se concreten los procedimientos la Comisión mantiene el calendario y quiere los presupuestos y el informe con las medidas de ajuste sobre su mesa a más tardar el 15 de octubre, según ha explicado el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. De Guindos, ha dicho, se ha comprometido a que así será.

Lo que sí puede y prevé aprobar el Gobierno es la reforma para fraccionar el pago del impuesto de sociedades, con la que espera ahorrar 6.000 millones de euros y alcanzar así el 4,6 % de déficit acordado para 2016. La medida, la principal promesa hecha en julio a la CE y determinante para la cancelación de la multa, tendría que declararse de “urgencia” e “interés general” y aprobarse por Real Decreto-Ley. De Guindos asegura que espera contar con el apoyo del PSOE para que el Parlamento refrende esta medida.

Cumplir este año podría ser también un asidero para España aun cuando las perspectivas para 2018 no convenzan, ya que el Pacto de Estabilidad impide que se avance en el proceso por déficit excesivo si se alcanzan los objetivos de déficit intermedios.

En esta tesitura Bruselas no anticipa ningún movimiento, mucho menos una multa, pero advierte de que la papeleta sigue ahí. “Independientemente de las decisiones tomadas en verano los problemas presupuestarios de España no se han evaporado. Pero corresponderá al nuevo gobierno encarrilar el presupuesto”, dijo Dijsselbloem ayer.

Suspensión de fondos y multa de hasta 5.000 millones

Si al final la UE vuelve a certificar que España no ha tomado medidas suficientes el castigo más inminente será la congelación de hasta la mitad de los fondos estructurales comprometidos para 2017, unos 1.100 millones de euros que financian sobre todo programas regionales. 

Se trata de la segunda pata de la sanción que quedó pendiente en verano a la espera de que el Parlamento Europeo se pronuncie. Su opinión no es vinculante y la Comisión, que tiene que proponer un montante en las próximas semanas, ha insistido en que quiere dirimir el asunto “cuanto antes”.

En segundo lugar se desencadenaría el proceso para imponer una multa, esta vez de hasta 5.000 millones de euros (0,5% del PIB) y automática, que iría acompañada de la suspensión de más fondos.

La UE podría pedir también que España publique información extra a la hora de emitir bonos y valores así como “invitar” al Banco Europeo de Inversiones a reconsiderar sus préstamos al país. El BEI invirtió en 2015 en España 11.900 millones de euros, de los que 8.568 (72%) se destinaron a pymes.

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