CC.OO. acusa al Gobierno de utilizar a los parados como mano de obra barata para tareas tras incendios

“Resuelta paradigmático que el Gobierno, gran responsable de los incendios forestales por la política de recortes en los dispositivos de prevención y extinción de incendios, utilice este mecanismo de manera unilateral y sin consulta con los sindicatos cuando en el sector agrario en nuestro país hay más de 163.000 parados agrícolas”, ha señalado el sindicato en un comunicado.

Por otra parte, CC.OO, ha calificado de “incoherente y paradigmático” que puedan ser los mismos trabajadores despedidos en Castilla-La Mancha, más de 680, los que puedan contratar las administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro para realizar los trabajos de reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales en España.

“El Gobierno una vez más en su estrecha visión del sector agrario se obvia a los miles de trabajadores y trabajadoras cuenta ajena afectados”, ha denunciado CC.OO., que por ello demanda que las medidas fiscales, en materia de exoneración y aplazamiento del pago de cuotas de Seguridad Social y de prestaciones por desempleo sean extensivas a los trabajadores asalariados por cuenta ajena del SEA de las zonas afectadas.

Igualmente la Federación Agroalimentaria de CC.OO. ha exigido que éstas se hagan extensivas a las pérdidas de empleo que han sufrido los trabajadores asalariados por cuenta ajena motivado por la sequía y heladas.

En este sentido desde esta organización se emplaza de manera urgente a la Comisión Interministerial creada a realizar con carácter urgente una valoración objetiva de las pérdidas de empleo en el sector agrario en varias producciones agrarias y adoptar medidas para paliar los daños adoptando medidas en materia de empleo y protección social.

La Federación Agroalimentaria de CC.OO. considera que la mejor manera de empezar a reconstruir las zonas devastadas por los incendios forestales es poner en marcha de manera urgente e inmediata un “gran plan de empleo agrario” con implicación de las comunidades autónomas en estas zonas para la limpieza, mantenimiento y reconstrucción de infraestructuras y servicios de las zonas arrasadas.