CCOO también declara la guerra a la desregulación de los alquileres turísticos
El aumento de los alquileres turísticos y su falta de regulación han encontrado enemigos entre movimientos vecinales, empresarios de la industria turística, ayuntamientos y sindicatos. Comisiones Obreras ha llamado este martes a ponerse “manos a la obra” para redactar una norma a nivel estatal que sirva de base a las comunidades y ciudades con las competencias en la materia. El objetivo de la organización de trabajadores es acabar con las diferencias entre regiones y localidades, así como “con la competencia desleal y con el intrusismo e intentar que aflore la economía sumergida a nivel general y, en particular, el empleo sumergido”.
En la presentación de su informe sobre la actividad turística y el empleo en 2017, Gonzalo Fuentes, responsable de Hostelería y Turismo de CCOO Servicios, ha señalado a este tipo de alojamientos no reglados como una de las causas fundamentales de los movimientos ciudadanos contra el modelo turístico en varias ciudades españolas (denominado por algunos como 'turismofobia'). Fuentes ha destacado la paradoja de que cuando un sector bate récords y mejora sus resultados, como está ocurriendo con el turismo, esto genere protestas vecinales y malestar en la comunidad.
Este tipo de alojamientos “no tienen nada de economía colaborativa”, ha afirmado Fuentes, sino que son “negocios” que avanzan lejos de la normativa y sin cumplir los mismos requerimientos que el resto del sector. Por ello, CCOO exige al Gobierno una norma base estatal, que equipare la regulación para estos alojamientos turísticos a nivel nacional tras alcanzar un consenso en el tema de las comunidades autónomas, las ciudades, los sindicatos mayoritarios, las asociaciones de empresarios y de los consumidores.
Las medidas avanzadas por el Gobierno, en el real decreto que prepara el Ministerio de Hacienda, son valoradas positivamente por el sindicato, pero consideran que el Ejecutivo puede hacer más para equiparar la regulación de los pisos turísticos en todo el territorio, con el apoyo y asesoramiento de los gobiernos autonómicos y locales. Esa norma debería contar con un censo de viviendas por CCAA, ciudades y distritos, para que se puedan detectar puntos de saturación. “Habrá que llegar al consenso de que habrá zonas o distritos en las que no pueda haber más vivienda turísticas”, ha valorado Fuentes, que recuerda los problemas de acceso al alquiler que ya están viviendo muchas ciudades debido a este tipo de alojamiento.
José María Martínez, secretario general de CCOO Servicios, ha afirmado que si se desvelaran las identidades de los propietarios de esos inmuebles, se descubriría que “hay menos personas de las que dicen, hay empresas y fondos de inversión”. Además, el sindicato considera que hay muchos puestos de trabajo asociados a estos pisos, en el terreno de la limpieza y de comercialización, que permanecen en la economía sumergida y sin acceso a las condiciones laborales establecidas por convenio en el sector.
Para complementar a esta regulación nacional, CCOO estima también necesarias las campañas de información y aumentar el número de inspectores, tanto de turismo como de trabajo, para verificar que este tipo de alojamiento compite en igualdad de condiciones que los hoteles y otras formas regladas. “Esto es lo que hay que regular antes de que se produzcan desastres sociales”, ha afirmado fuentes.
