La CE dará dos años más a España para corregir déficit y decidirá la multa

La Comisión Europea (CE) dará hoy dos años más a España, hasta 2018, para corregir la desviación del déficit público por debajo del 3 % y decidirá, en la reunión del colegio de comisarios, el monto de la multa por haber incumplido los objetivos de consolidación fiscal.

En la propuesta para conceder dos años adicionales a España ha influido el que en España aún no se ha formado un nuevo Gobierno y que el margen de un año que se sopesaba en mayo pasado es insuficiente para poder pasar de un déficit del 5,1 % del PIB (con la ayuda a la banca) a uno por debajo del 3 % en 2017.

Lo que llega sin resolver a la mesa de los comisarios europeos y del presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, es la cuantía de la multa, que puede ir de cero a 2.200 millones de euros o ser incluso cancelada.

No obstante esta última opción está prácticamente descartada, porque en el colegio de comisarios no hay una mayoría a favor y “es difícil” que salga adelante, de acuerdo con fuentes comunitarias.

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, sí ha abogado por la posibilidad de cancelar la multa.

El vicepresidente para el Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, defiende que no haya una multa importante.

Ha quedado descartada asimismo la multa máxima del 0,2 % del PIB español y lo más probable es que quede reducida sustancialmente, incluso por debajo del 0,1 % (menos de 1.081 millones de euros).

En el caso de Portugal, que tampoco ha corregido a tiempo su déficit (tenía que hacerlo en 2015), la cancelación de la multa está de momento igualmente descartada.

Lisboa recibirá en principio un año adicional para corregir su desvío, según las fuentes.

No se decidirá hoy aún la suspensión de hasta el 0,5 % del PIB o el 50 % de los compromisos de los fondos estructurales y de inversión europeos, ya que la CE debe consultar antes al Parlamento Europeo, algo que está previsto para después del receso de verano.

La suspensión tomará efecto a partir del 1 de enero de 2017, pero puede quedar limitada si la Eurocámara presiona, dado que políticamente la Comisión no puede ignorar la opinión de la única institución de la Unión elegida directamente por los ciudadanos, aunque la consulta no sea vinculante, según las fuentes.

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