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La CE reabre una investigación sobre ayudas concedidas por Francia a EDF

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La Comisión Europea (CE) reabrió hoy una investigación en la que concluyó que unas ayudas concedidas por Francia a la eléctrica EDF eran incompatibles con el derecho comunitario, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión considerarse que esta decisión fue tomada sobre bases erróneas.

"La Comisión Europea ha reabierto la investigación y ampliado su alcance", explicó esta institución en un comunicado, quien recalcó que el hecho de que se haya retomado este análisis "no prejuzga el resultado del mismo".

El tribunal con sede en Luxemburgo sentenció el pasado junio que la CE cometió un error al estimar que una medida fiscal adoptada por Francia en favor EDF constituía una ayuda de Estado contraria a la legislación comunitaria.

"El Tribunal confirmó que la CE debería haber verificado si un inversor privado prudente hubiera actuado del mismo modo que las autoridades francesas", reconoció el Ejecutivo comunitario.

En concreto, la Corte europea estimó que el Ejecutivo comunitario se equivocó al actuar contra EDF sin tener en cuenta si Francia había actuado como inversor privado, un criterio que sirve para determinar si la medida tomada por un Estado persigue un objetivo económico que también podría perseguir un inversor privado.

El Estado francés había renunciado a un crédito fiscal valorado en 889 millones de euros que correspondía al impuesto de sociedades que debía pagar EDF, lo que la CE consideró que había tenido como efecto reforzar la posición competitiva de la eléctrica frente a sus competidores.

Al considerar que esto era incompatible con el mercado común, la Comisión Europea exigió a la compañía que devolviese al Estado 1.271 millones de euros.

EDF devolvió el importe, pero presentó apoyada por Francia una demanda de anulación parcial de la decisión de la Comisión ante la justicia europea.

El Tribunal General dio la razón a EDF y anuló la decisión de la CE, que a su vez presentó un recurso de casación contra esta sentencia ante el Tribunal de Justicia de la UE, que terminó por dar la razón a los demandantes.

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