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CE emite mañana su juicio sobre el presupuesto y los desequilibrios de España

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La Comisión Europea (CE) emitirá mañana su veredicto sobre los presupuestos de los socios de la eurozona para 2015, entre ellos el de España, e identificará por cuarto año los desequilibrios macroeconómicos de los 18 socios que comparten la moneda única.

España, al igual que los demás socios de la eurozona excepto Chipre y Grecia, enviaron sus proyectos presupuestarios a la CE el 15 de octubre y el organismo informó dos semanas después de que no devolvía ningún borrador a las capitales para su revisión, ya que no detectó inmediatamente "un riesgo particularmente grave de incumplimiento" con las reglas de consolidación fiscal.

Los presupuestos generales del Estado español de 2015, que están actualmente en trámite en el Senado, son, según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, los que necesita España para salir de la crisis y servirán para que "la recuperación se extienda y entre en todos los hogares".

El Ejecutivo comunitario no ha enmendado, al menos temporalmente, los presupuestos de Francia e Italia, tras advertir a ambos y a Austria de un posible incumplimiento con las reglas de consolidación fiscal, y pedir a Malta, Eslovenia y Finlandia información adicional.

Francia e Italia anunciaron entonces esfuerzos adicionales para reducir el déficit y retomar el camino de ajuste hacia el equilibrio presupuestario y la reducción de la deuda, respectivamente, a fin de evitar un enfrentamiento con Bruselas.

París ha requerido abiertamente más tiempo a la Comisión, al ver imposible situar el déficit por debajo del 3 % del PIB en 2015, en tanto que Roma ha pedido invertir para fomentar el crecimiento y generar empleos.

Sin embargo, la CE no decidirá mañana si da más tiempo a Francia para cumplir el déficit, como ya hizo en 2013, o si da un paso más en el procedimiento por déficit excesivo con unas sanciones que pueden llegar al 0,2 % del PIB, sino que esperará cuatro meses, hasta marzo de 2015, confirmaron hoy fuentes comunitarias.

Ello da margen a París para acelerar las reformas necesarias, aunque sí aprovechará la CE para resaltar los puntos débiles en el proyecto presupuestario de Francia, al igual que de los demás socios de la eurozona.

En el caso de España, la CE dijo el año pasado que existían riesgos de incumplimiento del déficit, por lo que pidió a Madrid realizar los ajustes necesarios para garantizar que no haya un desvío y, a la luz de sus previsiones macroeconómicas del 4 de noviembre, podría volver a repetir esa advertencia.

Para 2015, la CE confía en que el déficit español baje hasta el 4,6 % del PIB, pero aún así España incumpliría en cuatro décimas el objetivo fijado por sus socios europeos (el 4,2 % del PIB).

Lo mismo ocurrirá en 2016, fecha límite que tiene España para situar el desvío por debajo del 3 % del PIB, en concreto en el 2,8 %, tras recibir dos años más por parte de la Unión Europea (UE).

Con un déficit del 3,9 % del PIB previsto, incumpliría en 1,1 puntos porcentuales la meta si no toma medidas para corregir el desequilibrio.

Para el próximo ejercicio, la CE espera que una mejora en las previsiones económicas y los ahorros procedentes de reformas previamente adoptadas, "que compensen los recortes tributarios anunciados y cierta relajación en la política de contratación en el sector público".

La CE también publicará de nuevo el informe sobre el mecanismo de alerta que identifica a los estados miembros que pueden verse afectados por desequilibrios, con base a once indicadores.

El año pasado era necesario analizar más a fondo la acumulación y la corrección de los desequilibrios en 16 estados miembros, entre ellos España, en cuyo caso había que hacer un examen exhaustivo para valorar la persistencia o no de desequilibrios "excesivos".

España suspendió entonces seis indicadores de once: posición de inversión internacional neta, tipo de cambio real efectivo, cuotas del mercado de exportación, deuda privada, deuda pública y tasa de desempleo.

Finalmente en marzo, tras el análisis en profundidad llevado a cabo al respecto, la CE dictaminó que persistían desequilibrios en España, pero que ya no eran excesivos.

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