La CE fija las normas de resolución para las cámaras de contrapartida central

La Comisión Europea (CE) presentó hoy por primera vez una serie de normas para la resolución y reestructuración de las cámaras de contrapartida central (CCP, en inglés), intermediarios clave del sector financiero cuya quiebra podría tener consecuencias para todo el sistema.

El objetivo es evitar que estas cámaras, mayoritariamente basadas en Londres, lo que abre también un interrogante de cara al “brexit”, la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), tengan que ser rescatadas con dinero público y evitar que se desestabilice el sistema.

El marco fijado por Bruselas -que debe ser ahora aprobado por los países- obligará a estas entidades a elaborar planes de reestructuración, permitirá a las autoridades nacionales intervenir cuando detecten riesgo de insolvencia y, en última instancia, poner en marcha su resolución y ordenar ventas, quitas u otras operaciones para liquidarlas o sanearlas.

Estas CCP actúan como intermediarios de las operaciones entre entidades financieras y responden en caso de impago de una de las partes, lo que reduce los riesgos para el sistema financiero pero a su vez les confiere un papel central, de forma que la quiebra de una de ellas, aunque poco probable, podría tener consecuencias de envergadura para todo el sistema.

Su relevancia se ha multiplicado desde que el G20 (grupo de países desarrollados y emergentes) acordase a raíz de la crisis que todos los contratos en derivados “Over the counter” (OTC, en inglés) -aquellos cuya compraventa se negocia de forma privada entre dos partes- debían pasar por estas casas.

Hoy dependen de ellas el 70 % de las operaciones con derivados en el mundo, un mercado que asciende 500 billones de euros, más de 15 veces el producto interior bruto (PIB) de la Unión Europea y cerca de 50 del de la eurozona.

Ante esta importancia creciente, el nuevo marco aprobado por la CE obligará a las cámaras y supervisores a diseñar planes de reestructuración y resolución, respectivamente, para afrontar cualquier problema financiero que no pueda resolverse con los recursos que las casas de compensación ya están obligadas a tener para absorber pérdidas.

Los supervisores nacionales podrán además intervenir cuando detecten que hay riesgo de insolvencia o que las cámaras no cumplen con las medidas de prevención y pedirles que hagan cambios en su estructura o modelo de negocio para evitar la quiebra.

En última instancia, si una de esta cámaras llegase a entrar en impagos, algo que Bruselas considera muy poco probable, los reguladores nacionales podrían ordenar su resolución e imponer la venta total o parcial de la entidad.

Además podrían imponer quitas sobre algunos de sus márgenes de variación -colateral para cubrir pérdidas- y pedir más fondos a las partes (bancos u otras entidades), así como ordenar conversiones de capital, deuda y otros pasivos no garantizados para absorber las pérdidas y recapitalizar la entidad.

Las autoridades tendrán que garantizar, no obstante, que las pérdidas que imponen a los acreedores no son mayores que las que hubiesen sufrido si la CCP se hubiese declarado insolvente.

“La propuesta reforzará más el sistema financiero europeo y busca proteger a los contribuyentes”, dijo el vicepresidente de la CE Valdis Dombrovskis, quien recordó que ésta “completa la regulación del mercado de derivados puesta en marcha tras la crisis”.

Los encargados de la supervisión y resolución serán los reguladores nacionales coordinados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), el supervisor europeo que creará un colegio para resolver cada CCP.

La medida afectará a las 17 cámaras de contrapartida que operan en la Unión Europea, las más importantes de las cuales son LCH e ICE, ambas con cuartel general en Londres, mientras que la única basada en España es BME Clearing.

El hecho de que la City londinense sea el centro neurálgico de esta actividad abre interrogantes de cara a la negociación para la salida de Reino Unido de la Unión.

Sin embargo, Bruselas ha insistido en que sus recientes propuestas de regulación para el sector financiero -la última un paquete para la banca presentado la semana pasada- no están ligadas al “brexit” y responden a estándares acordados internacionalmente.