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La CEOE dice que gestionó los cursos de formación con absoluta legalidad

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La CEOE dice que gestionó los cursos de formación con absoluta legalidad

La CEOE dice que gestionó los cursos de formación con absoluta legalidad

Las patronales CEOE y Cepyme han asegurado hoy que gestionaron los planes de formación de oferta del 2010 "dentro de la más absoluta legalidad", después de que el Tribunal de Cuentas pusiera ayer de manifiesto "deficiencias" en dicha gestión.

En una nota de prensa, las patronales informan de que han presentado las correspondientes alegaciones al Tribunal de Cuentas con relación a los diferentes aspectos recogidos en su informe, "que reiterarán, si fuera necesario, en vía administrativa y en vía judicial, llegado el caso, recabando el amparo que los Tribunales de Justicia ya les han otorgado con anterioridad".

CEOE y Cepyme resaltan que los citados Planes de Formación de carácter intersectorial fueron impartidos en todo el territorio nacional y supusieron más de dos millones y medio de horas lectivas; la realización de 856 cursos y la formación de más de 35.000 alumnos de todo el territorio nacional.

Una formación que, recuerdan, recibió una valoración de satisfacción de los participantes de 8,5 puntos sobre 10 en el caso de CEOE y de 8,86 en el caso de CEPYME.

Para ello, CEOE contrató a catorce empresas de formación especializadas y CEPYME a 16, cifras que, por sí mismas, explican la pluralidad y diversidad de proveedores utilizados.

Por ello, afirman que "no puede entenderse cómo el Tribunal de Cuentas considera un desvío a empresas especializadas en formación -vía subcontratación- de la gestión de los fondos" lo que no es sino la utilización de un mecanismo expresamente previsto en la normativa aplicable, y por tanto, totalmente legal".

"Tanto es así -añaden- que las propias Administraciones Públicas son las primeras en utilizarlo en su propia formación".

Además, recalcan que las contrataciones de dicha empresas de formación se hicieron en todos los casos a los precios de mercado que en cada materia, ámbito territorial y temporal que resultaron aplicables, que es el requisito material que exige la normativa aplicable.

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