Campesinos rechazan un proyecto colombiano que “legaliza la acumulación de tierras”

Varios grupos de campesinos y organizaciones no gubernamentales (ONG) rechazaron hoy en Bogotá un proyecto de ley que el Gobierno colombiano presentó en el Congreso para modificar la norma que administra y otorga predios estatales porque a su juicio busca “legalizar la acumulación de tierras”.

Esta iniciativa reforma la Ley 160 de 1994, que protege la existencia de los “baldíos”, como son llamadas en Colombia las tierras del Estado, para ser entregadas a trabajadores rurales que no tienen acceso a ellas, y abre su aprovechamiento sin límites de extensión a todo tipo de interesados, entre ellos empresas.

La directora de la ONG Intermón Oxfam, Aída Pesquera, indicó que “el gran reparo es que acumular baldíos no va a ser sano para el país, no genera un desarrollo incluyente ni sostenible y precisamente esas son las causas por las que existe un conflicto armado interno”.

Además, los portavoces campesinos y los responsables de las organizaciones humanitarias coincidieron al señalar que el espíritu del proyecto conocido en Colombia como “Ley de Baldíos” o “Ley Urrutia” contraviene la voluntad de los acuerdos de paz de La Habana, donde las FARC y el Gobierno han sellado un consenso para combatir el desigual reparto de la tierra en Colombia.

Según afirmaron, la iniciativa pone a los campesinos en inferioridad de condiciones en la competencia con los empresarios por las tierras, pues se imponen condiciones.

Una de ellas obliga al inversor a prestar el 20 % de cada unidad de tierra acumulada a pequeños agricultores y garantizarles la compra de la producción, la asistencia técnica y la educación, lo que según los campesinos deviene en una situación laboral asimétrica para ellos.

Pesquera advirtió también que “antes había un límite que era la Unidad Agrícola Familiar (UAF), que tenía unas dimensiones distintas en función de la región, y en este caso (en la reforma) la UAF no sería limitante aparentemente”, pues se pueden acumular cuantas se quiera.

Otra condición en la que los campesinos quedan peor parados obliga al interesado en la tierra a firmar un contrato de alquiler por siete años en el que tiene que certificar su “vocación agropecuaria”, medida que la maltrecha economía de la gran parte de los campesinos no se va a poder permitir.

“Esas condiciones son difíciles de cubrir por los campesinos, por no decir imposibles en algunos casos”, agregó Pesquera.

El Gobierno colombiano radicó esta iniciativa en el Congreso en julio de 2011, y desde entonces su texto ha sufrido varias objeciones. La última fue aprobada el pasado 6 de noviembre.

Desde el pasado no se ha vuelto a divulgar un borrador de este proyecto, lo que denunció a su turno el director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Marco Romero, quien instó al Gobierno a revelar el texto.

Julio Armando Fuentes, de la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo (MIA) agregó que este proyecto “sólo incluye a las grandes multinacionales y desestimula la pequeña producción campesina”.

Fuentes exigió al Ejecutivo de Juan Manuel Santos y al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rubén Darío Lizarralde, cumplir los acuerdos que pusieron fin a la huelga agraria de 20 días que paralizó el país entre agosto y septiembre.

Colombia presenta uno de los mayores indicadores de concentración de América Latina, pues según el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2011, el 52 % de la tierra está en manos del 1,15 % de la población.