Cataluña censura los criterios políticos de Standard and Poor's y se muestra perpleja

El Departamento de Economía de la Generalitat, dirigido por el conseller Andreu Mas-Colell, ha expresado hoy su “perplejidad” por los criterios “políticos y desacertados” de la agencia Standard and Poor's para justificar la rebaja de la calificación crediticia de Cataluña hasta bono basura.

La agencia Standard and Poor's (S&P) ha anunciado esta tarde que rebaja la calificación crediticia a largo de plazo de Cataluña en dos escalones, desde un aprobado bajo (BBB-) al nivel de bono basura, por las tensiones que cree que puede crear con el Estado su demanda de pacto fiscal.

En un comunicado, la Generalitat subraya que “los argumentos de S&P para una revisión, que el Departamento de Economía consideraba descontada en las circunstancias de la crisis de deuda actual, sorprenden por su justificación altamente política, desacertada y poco respetuosa con la solidez democrática de España”.

“Del análisis de S&P se desprende que cualquier administración de un Estado federal puede ser degradada si su gobierno mantiene un desacuerdo político con el Gobierno central”, sostiene este departamento.

El conseller ha expresado su convencimiento de que el Ejecutivo español “no tratará a Cataluña de manera diferente al resto de comunidades autónomas por razones políticas”, y ha recordado que la demanda de un mejor sistema de financiación “está inscrita en la más escrupulosa legalidad y dentro de la más estricta normalidad de los países democráticos avanzados”.

Según S&P, si Cataluña lograra incrementar su participación en los ingresos nacionales, los potenciales beneficios de la comunidad irían “en detrimento de otras regiones u otros niveles de gobierno”, y por eso concluye que la demanda de Cataluña es “políticamente delicada y difícil de llevar a cabo en el actual contexto económico en España”.

Asimismo, Standard and Poor's opina que, dado que Cataluña ha adoptado una posición política firme respecto al pacto fiscal, su posición podría generar “desacuerdos con el Gobierno” y ello “pondría en cuestión” la tesis de S&P de que “el apoyo de liquidez al Estado será predecible, flexible y que vendrá acompañado de una buena cooperación entre ambas administraciones”.