China plantea nuevas reformas fiscales para reducir la desigualdad social

El Gobierno chino ha dado a conocer su intención de llevar a cabo amplias reformas fiscales en los próximos años con el objetivo de reducir la enorme brecha entre los ingresos de los ricos ciudadanos urbanos y los millones de campesinos que aún viven bajo el umbral de la pobreza.

El plan, de 35 puntos y aprobado por el Consejo de Estado -el Ejecutivo chino-, plantea aumentar los impuestos a las empresas estatales (SOE), a los más ricos y tasar las inversiones inmobiliarias para subir el salario mínimo o el gasto en servicios de educación, sanidad o vivienda pública.

En cuanto a las reformas fiscales, el Ejecutivo chino incrementará en 5 puntos porcentuales el impuesto sobre los beneficios de las sociedades estatales, una recaudación que se destinará íntegramente a alimentar los fondos de la Seguridad Social china.

Además, la normativa obligará a los funcionarios del Gobierno a publicar sus ingresos, propiedades inmobiliarias y las inversiones en empresas de ellos mismos y sus familias, una medida que se interpreta como un acto de “transparencia” después de que varios oficiales de alto rango se vieran implicados en graves casos de corrupción.

Estas directrices, que se prevé que entrarán plenamente en vigor a partir de 2015, también incluyen la subida de tasas para transacciones inmobiliarias y el incremento de los tributos en las actividades y productos de lujo.

El documento también abre la posibilidad de introducir un impuesto de sucesiones “en tiempos apropiados”.

El Consejo de Estado afirmó, en un comunicado, que China “ha entrado en una etapa decisiva para construir una sociedad moderadamente próspera” y reconoce que “hay una clara necesidad de reformar y optimizar el sistema de distribución de la renta para reducir las desigualdades económicas y sociales, muy presentes a día de hoy en la sociedad del país”.

También indicaron, sin embargo, que esta reforma “es ardua, complicada y supone la reasignación de varios intereses, por lo que no hay manera de llevarla a cabo de un día para otro”.

Según el plan, en un plazo de 3 años las autoridades chinas esperan situar el salario mínimo del país equivalente a un 40 % de la remuneración media de los trabajadores urbanos, cubrir un 75 % del gasto sanitario mediante la aportación pública o conseguir que un 20 % de las viviendas de las ciudades del país sean de protección oficial.

Junto a las medidas para aumentar salarios y el bienestar ciudadano, el documento da una clara señal de cambiar el modelo de crecimiento económico -hasta ahora muy dependiente de la inversión pública- para dar un mayor protagonismo al consumo y la demanda interna.

También se aborda la modificación de los permisos de residencia o “hukou”, apuntando que los ciudadanos rurales “tendrán más oportunidad de transferir su residencia oficial a las ciudades”, algo que hasta el momento el régimen de Pekín se había mostrado reticente a cambiar.

Se abre la puerta asimismo a la reforma pro-mercado de las tasas de interés “ampliando los límites de fluctuación de los tipos de los depósitos y préstamos”, algo que podría favorecer la rentabilidad de estos productos financieros y alejar los inversores de aquellos con más riesgo.