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CiU quiere obligar por ley a acompañar cada nueva infraestructura de un análisis de coste-beneficio

El Grupo Parlamentario Catalán propondrá el próximo martes al Pleno del Congreso modificar la Ley de Contratos del Sector Público para obligar a todas las administraciones públicas y organismos dependientes a acompañar los proyectos de nuevas infraestructuras de un estudio coste-beneficio que permita priorizar, descartar o retrasar las iniciativas que menos aporten en términos económicos y sociales.

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CiU, que durante la aprobación de los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) criticó mucho la "falta de priorización" de proyectos como el Corredor Ferroviario Mediterráneo frente a otros menos rentables a su entender, quiere así instar al Gobierno a justificar las decisiones de inversión que adopte en una coyuntura de austeridad.

"Los recursos presupuestarios del Estado son limitados", recuerda en su proposición de ley, recogida por Europa Press, en la que defiende que es "necesario contar con la información pertinente para que la toma de decisiones respecto a los programas a los que se destinen los recursos públicos respondan a las prioridades señaladas por el Gobierno y las Cortes Generales".

PARA TODAS LAS ADMINISTRACIONES

En este sentido, los nacionalistas catalanes proponen modificar la Ley de Contratos del Sector Público para que todas las administraciones y organismos y entidades dependientes estén obligadas a analizar el impacto socioeconómico de las infraestructuras en términos de relación coste-beneficio.

Su idea es que esta obligación se fije para los proyectos con un presupuesto superior a los 12 millones de euros, así como para aquéllos cuyo pago se concierte mediante el sistema de arrendamiento financiero o mediante el arrendamiento con la opción a compra con más de cuatro anualidades. "El informe será también necesario para que el Consejo de Ministros pueda autorizar la realización de los contratos correspondientes", añaden.

Además, la proposición de ley sugiere modificar la Ley General Presupuestaria para que los proyectos anuales de presupuestos vayan acompañados de una "memoria abreviada" de los análisis coste-beneficio de los proyectos de inversión que se quieran realizar cada curso cuando éstos superen los 12 millones de euros de inversión.

Sólo así, argumentan los nacionalistas catalanes, se podrá "priorizar, descartar o posponer" las inversiones en función del mayor o menor bienestar social o económico que proporcionen.

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