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Compromís pide la comparecencia del ministro de Fomento por las autopistas

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Compromís pide la comparecencia del ministro de Fomento por las autopistas

Compromís pide la comparecencia del ministro de Fomento por las autopistas

Compromís ha pedido hoy la comparecencia en comisión del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, y del director general de Carreteras, Jorge Urrecho, por el rescate de las nueve autopistas en quiebra.

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha reclamado explicaciones a de la Serna y ha criticado que el Gobierno del PP haga "contratos a medida" para las empresas que tienen la concesión de las autopistas.

En este sentido, se ha cuestionado porqué el riesgo de pérdida de dinero lo terminan asumiendo los ciudadanos y no quien ha querido hacer negocio de la gestión, según sostiene en un comunicado.

Asimismo, ha apuntado que las infraestructuras en quiebra o en riesgo de liquidación -la circunvalación de Alicante, las cuatro radiales madrileñas, el eje M-12 a Baraja), la AP-41 (Madrid-Toledo), el tramo de la AP-7 Cartagena-Vera y la AP-36 (Ocaña-La Roda)- acumulan una deuda de 3.400 millones con los bancos acreedores.

En el caso concreto de la AP-7, la formación ha incidido en que el tramo de la carretera que opera desde el 10 de diciembre de 2007, tiene un tráfico medio de 5.600 vehículos al día, frente a los más de 80.000 de la ronda gratuita A-70.

Desde Podemos, que junto al PSOE solicitó también la comparecencia del titular de Fomento, Íñigo Errejón ha asegurado que casi por un importe igual al recorte del techo de gasto, 5.000 millones de euros, "se va a rescatar no a las carreteras, sino a empresas privadas multimillonarias que cuando tienen beneficios se los quedan y cuando no lo reparten entre todos los españoles".

Errejón ha agregado que asumir la gestión de las autopistas en quiebra es una "estafa legalizada" y ha añadido que se calculó muy mal la previsión de uso de estas autopistas o bien se hizo muy bien ya que "fue un pelotazo por el que ahora nadie rinde cuentas".

Por ello, propone incluir en el Código Penal una figura que rinda cuentas por la negligencia en la Administración Pública.

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