El Congreso apoya evitar la pérdida de la pensión por “unidad de convivencia”

La mayoría del Congreso ha apoyado hoy cambiar la normativa que define la “unidad económica de convivencia” con el fin de evitar la pérdida de una pensión no contributiva en los supuestos de familiares de segundo o tercer grado que conviven en una residencia o en un centro de asistencia para mayores.

El pleno del Congreso ha debatido hoy una proposición no de Ley del grupo parlamentario socialista, que a falta de la votación, será apoyada por Unidos Podemos, Ciudadanos, el PDeCAT y el PNV.

La iniciativa promueve evitar casos como el de las hermanas Julia y Encarna, de Soria, que se ven obligadas a renunciar a vivir en la misma residencia para no perder su pensión no contributiva -de cerca de 368 euros- porque se las considera “unidad de convivencia”.

La proposición no de ley, se presenta después de que el Gobierno haya vetado otra proposición de Ley igual que había registrado el PSOE en el Congreso y que han recurrido ante el Tribunal Constitucional y tras recabar los socialistas 135.000 firmas para presentar una iniciativa legislativa popular.

Los socialistas instan al Gobierno a reforzar el principio de solidaridad y adoptar medidas que aseguren que no se considerará unidad económica los supuestos de familiares en segundo o tercer grado de consanguinidad que convivan en un centro asistido.

El cambio de la normativa tendría efectos retroactivos para los expedientes de aquellos beneficiarios a los que se les retiró esta pensión por dichas circunstancias.

La diputada del PSOE Esther Peña ha criticado que el Gobierno tenga una actitud “lamentable” y afirme que hay recuperación económica pero “no tenga 13 míseros millones de euros” para sufragar este gasto que afecta a unas 400 personas.

Ha pedido acabar con el sufrimiento que supone para estas personas dejar de convivir con sus seres queridos, “precisamente cuando están en situación de mayor vulnerabilidad”.

Yolanda Díaz, del grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha recordado al PSOE que la norma que quiere modificar fue aprobada por un gobierno socialista y ha pedido aumentar la cuantía de esta pensión hasta los 547 euros mensuales y tener en cuenta para el cálculo no la renta familiar sino la de los beneficiarios de las pensiones.

Desde Ciudadanos, el diputado Saúl Ramírez se ha mostrado favorable a subir la cuantía de estas pensiones, en el marco del diálogo del Pacto de Toledo, para que sean prestaciones “dignas” aunque ha criticado que el PSOE aluda a la solidaridad cuando “hace pocas fechas ha apoyado el Cupo vasco”.

Por su parte, el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, ha urgido a que en el Pacto de Toledo se analice si las pensiones no contributivas para mayores de 65 años cumplen con su objetivo de erradicar el riesgo de pobreza.

“Es evidente que no”, ha dicho, al tiempo que el diputado del PNV Iñigo Barandiarán también ha defendido el cambio normativo.

Mar Cotelo, diputada del PP ha señalado que la proposición no de ley es “oportunista” y ha argumentado que existen varias normativas que ya aluden a la interpretación del concepto de unidad económica de convivencia.

Ha recordado una sentencia del Tribunal Supremo que negaba que tres hermanos fueran unidad familiar y consideraba que la interpretación del precepto debe ser restrictiva.