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El Constitucional admite a trámite un recurso de Andalucía contra las normas eléctricas

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El Constitucional admite a trámite un recurso de Andalucía contra las normas eléctricas

El Constitucional admite a trámite un recurso de Andalucía contra las normas eléctricas

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Andalucía contra algunas de las últimas normativas aprobadas por el Gobierno para atajar el déficit de tarifa del sector eléctrico y, que, a juicio de la Junta, ponen en riesgo el sector renovable.

Según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE), se ha admitido a trámite este recurso contra varios artículos de diferentes normativas: la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética; el Real Decreto-ley 29/2012 y el Real Decreto-ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero.

Con la Ley 15/2012, el Gobierno introdujo nuevas tasas para el sistema: un impuesto del 7 % a la producción eléctrica y tasas adicionales para la energía hidroeléctrica, el combustible nuclear gastado y la producción con gas y carbón.

La Junta considera que estos tributos afectan especialmente a las firmas del sector de las renovables y no tienen en cuenta las peculiaridades de estos negocios.

En cuanto al Real Decreto-ley 2/2013, donde se modifica la forma de actualización de la retribución para la producción renovable, la Junta alega que supone "un cambio de las reglas establecidas que habían condicionado las decisiones de inversión de los promotores" y vulnera los principios de "seguridad jurídica y de irretroactividad".

Sobre el Real Decreto-Ley 29/2012, que exige nuevos criterios a algunos proyectos de renovables para ser autorizados e inscritos en el registro, la Junta también cree que "contraviene tanto los principios de seguridad jurídica e irretroactividad como el principio constitucional de extraordinaria y urgente necesidad".

El objetivo de estas medidas aprobadas por el Gobierno es atajar el problema del déficit de tarifa, desfase generado entre ingresos y costes del sistema eléctrico, y lograr que el sistema se equilibre.

A juicio del Gobierno andaluz, las principales actividades perjudicadas por estas normas son las renovables y afectan a inversiones de 12.000 millones que generarían 38.000 empleos en Andalucía.

El Gobierno prevé presentar una nueva batería de medidas con este fin el próximo mes de junio y tener lista una nueva reforma energética para otoño.

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