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Continúan las movilizaciones de funcionarios europeos contra los recortes

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Funcionarios de las instituciones europeas celebraron hoy una movilización y una asamblea general para protestar contra los recortes salariales propuestos dentro del presupuesto comunitario para 2014-2020, que supondrían una pérdida de su poder adquisitivo de cerca del 60 %.

Los actos de hoy tienen lugar después de la huelga celebrada el pasado martes por funcionarios del Consejo de la Unión Europea (UE), según informó hoy en un comunicado la Unión Sindical del Servicio Público Europeo, la principal organización de trabajadores de las instituciones comunitarias.

Los sindicatos se oponen a la reducción del gasto en personal de las instituciones europeas que defienden algunos Estados miembros dentro de las actuales negociaciones del presupuesto comunitario.

En particular, rechazan la bajada automática de los salarios, así como un recorte de las pensiones del 12 % sumada a un aumento del 36 % de la contribución, medidas que en conjunto supondrían una reducción del poder adquisitivo de los funcionarios del 59 % en los próximos 15 años, según señalan los sindicatos en un comunicado.

El portavoz de Asuntos Administrativos y Relaciones Institucionales, Antony Gravili, confirmó en rueda de prensa que las medidas que se discuten actualmente supondrían una pérdida del poder adquisitivo de los funcionarios estimada en un 60 % durante los próximos 15 años.

"Esta es la razón por la que los sindicatos convocan huelga", dijo el portavoz, quien descartó que el motivo fuera el aumento de la jornada laboral hasta las 40 horas semanales propuesta por el Ejecutivo comunitario, al ser preguntado sobre el tema en rueda de prensa.

"Contrariamente a lo que se piensa, los funcionarios europeos no son unos privilegiados que rechazan sufrir los efectos de la crisis", afirma la Unión Sindical en su nota, que añade que durante los últimos 30 años los sueldos de estos trabajadores "han seguido tanto a la baja como a la alza" las decisiones tomadas por los Estados miembros en función de la situación económica.

También recuerdan que en 2011 aceptaron la reducción "adicional" de 1.000 millones de euros propuesta por la Comisión en gastos administrativos, poniendo como condición que dicho recorte no afectara a los sueldos más bajos.

Este recorte fue luego aumentado a 2.500 millones de euros, según los sindicatos, que señalan que se trata de una bajada "que va demasiado lejos".

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