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El Defensor del Pueblo pide asegurar el acceso a la vivienda y sumar a Sareb

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El Defensor del Pueblo pide al Estado y a las comunidades autónomas que impulsen una legislación suficiente que garantice el derecho constitucional del acceso a una vivienda, y que, mediante los presupuestos, doten de recursos a las administraciones para materializarlo.

Además, en el informe anual de la institución, la defensora del pueblo, Soledad Becerril, solicita que Sareb, el banco malo, se adhiera al Fondo Social de Viviendas, promovido por el Gobierno con propiedades de los bancos, al que en su opinión debería ser más fácil acceder.

Aunque explica que el objeto de Sareb es la tenencia, gestión y administración de los activos y pasivos inmobiliarios transmitidos por la banca, Becerril considera que ello no impide que pueda desarrollar otras actividades de carácter social.

El Defensor del Pueblo reconoce que como Sareb no tiene cabida en el actual marco del Fondo Social de Vivienda, pidió su modificación para que la sociedad pudiera aportar parte de sus inmuebles a viviendas sociales.

Pero el Ministerio de Economía rechazó la sugerencia con el argumento de que Sareb no era un instrumento de la política de vivienda, sino un instrumento financiero.

Por otro lado, la institución que preside Becerril mantuvo en 2015 una estrecha colaboración con las comunidades autónomas con motivo de las XXX Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo, en las que se analizó la vivienda pública en España.

Tras dichas jornadas, los defensores del pueblo recomendaron que los poderes públicos dieran respuesta a aquellos ciudadanos que no pueden disponer de una vivienda "digna y adecuada", un problema que se ha hecho más visible en la crisis.

Recuerdan que la Constitución recoge este derecho y corresponde al Estado asegurarlo a través de la legislación.

Por ello, Becerril insta al Estado y a las comunidades autónomas a que impulsen una legislación suficiente que garantice el acceso a una vivienda y a que, a través de los presupuestos, doten de recursos a las administraciones para materializarlo.

También demanda que se aumente y refuerce el parque de vivienda pública en alquiler y que el Estado disponga de información fiable sobre la necesidad real de vivienda, los precios de los inmuebles protegidos o el parque público de viviendas en alquiler para poder tener una estadística útil con la que diseñar políticas públicas.

Becerril también ve necesario reservar un porcentaje de las viviendas a los colectivos vulnerables y personas con especial necesidad, y cree más justo que la adjudicación de las viviendas de protección pública se realice según un sistema de baremo previamente establecido y no por sorteo.

También pide reforzar la publicidad, transparencia, celeridad y eficacia de las adjudicaciones y dinamizar la puesta a disposición en el mercado de alquiler de las viviendas protegidas deshabitadas y, en caso contrario, adoptar medidas de intervención pública.

Igualmente, aboga por mejorar la fiscalidad de la vivienda y estudiar la creación de patrimonios o bancos de suelo público destinados a la construcción de viviendas de protección oficial o promoción pública, además de flexibilizar los requisitos para acceder al Fondo Social de Vivienda.

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