Detenido el expresidente de la petrolera estatal de Bolivia por supuesta corrupción

El expresidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Guillermo Achá fue detenido hoy por orden de la Fiscalía, tras ser interrogado por haber supuestamente favorecido la contratación de la italiana Drillmec para la compra de tres taladros por 148,8 millones de dólares.

Achá, que la semana pasada fue destituido por el presidente boliviano, Evo Morales, fue conducido esta madrugada por un agente desde la Fiscalía a celdas del Tribunal de Justicia de La Paz, tras un interrogatorio de alrededor de siete horas.

El abogado de Achá, Héctor Castellón, confirmó a los medios la decisión de los fiscales, que tildó de “vergonzosa” al considerar que no tiene explicación porque su cliente, según dijo, siempre se presentó a la Fiscalía para dar su versión de los hechos.

Los fiscales imputaron a Achá por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica, por los que deberá responder ante un juez de medidas cautelares en las próximas horas.

Castellón insistió en que su cliente, cuando era presidente de YPFB, no cometió irregularidades y acusó a los fiscales de no querer realizar una investigación efectiva del caso sino “amedrentar” a todos los que están acusados del supuesto favorecimiento a Drillmec.

Antes de la destitución, la gestión de Achá, que asumió la presidencia de YPFB en enero de 2015, había sido cuestionada por algunas autoridades del mismo Gobierno como por la oposición por la contratación de Drillmec con supuestas irregularidades.

La semana pasada, el presidente Morales pidió al sustituto de Achá, Oscar Barriga, que realice “inmediatamente una revisión detallada de todos los procesos de contratación” en la petrolera.

El gobernante dijo entonces que el Estado no había sufrido un daño económico porque se detectaron a tiempo las irregularidades.

Dentro de las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público hasta ahora, han sido encarcelados previamente otros seis funcionarios de YPFB y la gerente legal de YPFB Andina, una subsidiaria de la petrolera participada por el Estado boliviano y la española Repsol.

Los empleados de YPFB recluidos, que son sobre todo del comité de calificación de la licitación, están acusados de haber “beneficiado” la contratación de la italiana Drillmec para la compra de tres taladros de perforación por 148,8 millones de dólares.

El contrato con Drillmec fue anulado por el propio Achá cuando la Fiscalía comenzó la investigación.

YPFB es la empresa más grande del Estado boliviano y está a cargo de la dirección total del sector tras la nacionalización decretada por Morales en mayo de 2006.

Desde la refundación de la petrolera en 2006, varios de sus presidentes fueron relevados en medio de denuncias de corrupción.