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EE.UU. da el primer paso para dirigir la reestructuración de la deuda de Puerto Rico

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EE.UU. da el primer paso para dirigir la reestructuración de la deuda de Puerto Rico

EE.UU. da el primer paso para dirigir la reestructuración de la deuda de Puerto Rico

El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó hoy, con varias enmiendas, el proyecto HR 5278 que establece una junta de supervisión fiscal para Puerto Rico, nombrada por Washington, que por encima del Ejecutivo de la isla tendrá la tarea de reestructurar la deuda.

El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el republicano Rob Bishop, anunció la aprobación del proyecto de la Ley fiscalizadora para la administración y estabilidad económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) que, sin fecha todavía, deberá ser votado ahora en la Cámara baja del Congreso.

Más de 3 horas de debate sobre las enmiendas introducidas llevó al Comité de Recursos Naturales aprobar, con 29 votos a favor y 10 en contra, el texto que establece una junta que deberá, por encima de Ejecutivo y cámaras legislativas de Puerto Rico, tomar las riendas para reestructurar una deuda que el Gobierno local ha dicho que no puede pagar.

El camino para que el HR 5278 se haga finalmente realidad, pasa por su votación en la Cámara de Representantes, en fecha no determinada, pero medios locales apuntan a que podría ser a principios de junio y su ratificación, después, en el Senado.

El proyecto es rechazado por gran parte de la clase política puertorriqueña con su gobernador, Alejandro García Padilla, a la cabeza por entender que la junta es una imposición que llega desde Washington que supone un ataque a la autonomía política de la isla, un Estado Libre Asociado a EE.UU.

La junta de supervisión, en caso de que el proyecto fuera ratificado en las dos cámaras del Congreso estadounidense, tendrá potestad para establecer la política fiscal de Puerto Rico, el control del presupuesto anual y la supervisión en general de leyes que pueda salir del legislativo local.

La medida es entendida en Puerto Rico como una iniciativa que sobrepasa la "línea roja" de la soberanía nacional por, en definitiva, imponer una entidad a los representantes elegidos por la población en las urnas.

La junta de supervisión incluye a siete miembros nombrados por el presidente de Estados Unidos de los que cuatro serán recomendados por la mayoría del Partido Republicano en el Congreso.

El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Paul Ryan, dijo sobre el paso dado en el Comité de Recursos Naturales que está complacido por el hecho de que se alcanzara un consenso que evita que se produzca un rescate financiero.

Ryan felicitó además a Bishop, quien introdujo una enmienda que permitirá que el gobernador de Puerto Rico forme parte de la junta, aunque sin derecho a voto.

El representante -sin voto- de Puerto Rico ante el Congreso de EE.UU., Pedro Pierluisi, que participó hoy en la vista de la Cámara de Representantes, dijo que aunque es vergonzoso que una junta supervise al Gobierno de la isla votó a favor del proyecto por el bien general de la población.

Pierluisi, que es presidente del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP) y precandidato a gobernador por esa formación, sostuvo que el HR 5278 da las herramientas para una reestructuración de una deuda que ronda los 70.000 millones de dólares y que el Gobierno puertorriqueño ha repetido que no puede pagar.

El candidato a la gobernación y presidente del gobernante Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, tras conocerse la decisión, hizo pública una carta en la que pide a la Cámara de Representantes federal que no apruebe el proyecto HR 5278 y que se adopten medidas alternativas.

"El propuesto proyecto HR 5278, según redactado, atenta contra la misma democracia cimentada y defendida tanto por la Constitución de Estados Unidos como la de Puerto Rico", apunta la misiva de Bernier.

Aseguró que lo que Puerto Rico necesita es que el Congreso en Washington promueva medidas que permitan una reestructuración de la deuda con la que el Gobierno pueda estabilizar la crisis financiera para poder cumplir con los acreedores y sus obligaciones económicas.

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