Empresarios que estafen en formación, más perseguidos con el régimen sancionador

El régimen sancionador del nuevo modelo de formación para el empleo perseguirá a aquellos empresarios con intención de declararse en quiebra a propósito para crear otra nueva empresa con el fin de dar continuidad a una presunta estafa o fraude.

El director gerente de la Fundación Tripartita, Alfonso Luengo, asegura en una entrevista con EFE que esta práctica suele ser bastante habitual, sobre todo, en materia de bonificaciones y no tanto de subvenciones.

Recuerda que en la actual regulación, las entidades organizadoras de demanda no son responsables de si la bonificación es incorrecta sino sólo el empresario que se ha bonificado.

Por otra parte, a veces -señala- estas entidades desaparecían y no existían mecanismos de responsabilidad subsidiaria como los que rigen para las subvenciones.

“El nuevo modelo tipifica las conductas con sanciones concretas, con lo que se da más visibilidad al sistema y se fomenta la prevención general”, incide Luengo, tras recordar que la Unidad de Inspección es un “broche magnífico” en el que se apoya este control al fraude.

En este sentido, destaca que esta unidad estará integrada por inspectores y funcionarios públicos de “gran prestigio” lo que garantiza la excelencia en el cumplimiento y seguimiento de las acciones formativas.

No obstante, el dirigente de la Tripartita añade que el delito es tremendamente minoritario y que lo que se produce son casos de “mala praxis” o de infracción administrativa, al mismo tiempo que subraya los cambios en materia de sanciones y la mayor transparencia en los canales de denuncia.

Y es que a la Fundación Tripartita se revierten anualmente millones de euros procedentes de reintegros voluntarios de cursos que, o no se han iniciado y se habían bonificado o subvencionado, o bien que no han respondido a las condiciones programadas.

Luengo explica que otra parte del dinero se derivaba de procedimientos que inician los tribunales, otra procede de expedientes abiertos por los tribunales de oficio del SEPE, y otra es relativa a liquidaciones negativas de planes de formación.

“La parte coercitiva es equivalente a la voluntaria”, asevera.

Al respecto, según datos a los que ha tenido acceso la Agencia EFE el año pasado se ingresaron en Tesorería en concepto de devoluciones o reintegros cerca de 30 millones de euros, diez millones más de lo que se ingresó en el año 2013.

El director gerente de la Tripartita también destaca como otro cambio relevante en la vigilancia de los cursos y programas de formación las modificaciones en el ámbito de los anticipos cuando se trata de formación subvencionada, ya que sólo se adelantará el 25 % de los fondos frente al 100 % que se podía adelantar hasta ahora.

“Como mucho se anticipa el 25 % en el momento de la concesión, luego el 35 % al inicio de la formación y hasta un 40 % al término de la acción formativa”, recuerda el director de la Fundación Tripartita que a su vez argumenta que los anticipos del 100 % daban lugar a muchas irregularidades.

Un aspecto, que fue precisamente una de las recomendaciones del informe del Tribunal de Cuentas que en 2014 trasladó a la Fundación.

“Ahora el dinero llega cuando justo se necesita, cuando la empresa tiene que empezar a pagar salarios. Todo esto se crea para que la formación sea beneficiosa y gratuita y no ruinosa”, incide.

El nuevo modelo abre la concurrencia competitiva, pero sólo a entidades acreditadas, que no podrán subcontratar a terceros, al mismo tiempo que limita la financiación de las acciones formativas a las realizadas a partir de su concesión o adjudicación.

En cuanto a la formación bonificada, se elimina la formación a distancia en favor de la teleformación, los cursos podrán tener una duración mínima de una hora (frente a las seis de antes) y se permite a las empresas de un grupo beneficiarse del importe del crédito que corresponda al conglomerado en su conjunto.