Error o trampa contable, visto para sentencia el juicio a la excúpula de la CAM

La Audiencia Nacional ha dejado hoy visto para sentencia el juicio a la antigua cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), acusada de falsear las cuentas anuales de 2010 y del primer semestre de 2011, tras 15 sesiones en las que se han enfrentado las hipótesis del error y de la trampa contable.

Ha transcurrido dos meses en los que se han sucedido ante la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional los testimonios de los ocho antiguos directivos inicialmente procesados, que si bien han reconocido que pudieron incurrir en algún error, nunca delito, han reiterado su inocencia y negado haber ocultado información sensible para obtener un eventual beneficio propio en forma de indemnización.

“Me esforcé por cumplir con lo que me indicaba el consejo y el Banco de España”, ha asegurado la ex directora general de la CAM María Dolores Amorós, única en hacer uso de la palabra, visiblemente afectada por los informes de unas acusaciones que solicitan para ella penas de entre siete años y medio y 16 años de cárcel.

Amorós, como hiciera en la víspera el abogado del exdirector de Riesgos, Francisco Martínez, ha lamentado que bajo su gestión la caja no pudiera “paliar las circunstancias económicas derivadas de la crisis” y ha asegurado que no pensó estar incurriendo en delito alguno aunque posiblemente adoptó “decisiones equivocadas”.

Una alusión a las titulizaciones, objeto de la investigación, cuya baja en balance permitió, según la Fiscalía Anticorrupción, arrojar unas ganancias ficticias de 65 millones de euros en vez de pérdidas por valor de 1.136 millones.

“Estas operaciones no nacieron como una seta o un champiñón en 2010, sino que se venían haciendo por todo el sector bancario”, reprochaba el letrado de Martínez en una suerte de mantra que ha acompañado a las defensas, insistentes en señalar que el Banco de España estaba al tanto de estas decisiones, adoptadas -dicen- para solventar los problemas de liquidez de la caja.

Si las titulizaciones monopolizaron el debate inicial, los inspectores del Banco de España sacaron a relucir el impacto negativo que las refinanciaciones de créditos causaron a la CAM desde 2009, de lo que responsabilizaron al área de riesgos por ser una “mera comparsa del comercial” y no el “abogado del diablo” del que precisan las entidades.

Juegos de palabras con los que los intervinientes rebajaban la tensión mientras favorecían la comprehensión de algunos de los aspectos más técnicos de la vista, un soporte necesario incluso para el expresidente de la entidad Modesto Crespo, que en su interrogatorio limitó su papel al de mero representante y dijo carecer de conocimientos contables.

Quiebra al margen, las cajas de los zapatos para las “señoras de otros directivos” que Crespo acompañó a comprar y su rol honorífico han gozado de protagonismo, tanto por medio de las metáforas de peritos y testigos, como a nivel procesal, lo que ha llevado a las acusaciones a reducir sus peticiones -de 16 años de cárcel a los doce meses, en el caso de Diego de Ramón- o a retirarlas, como sucedió con el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

Aunque el “milagro sobrevenido” ha sido la exoneración del exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa, que el pasado lunes abandonaba la sala de plenos por su propio pie después de que la Fiscalía no ratificara su petición inicial de un año y dos meses de prisión a pesar de ser “la persona más cercana al foco en el que se habrían producido los delitos”.

Así lo apuntó el letrado del ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, para quien el Ministerio Público mantiene su solicitud de siete años y medio de cárcel, al igual que para el ex director general Roberto López Abad, considerado primer responsable de “engañar e inflar el resultado” por su condición de “administrador de hecho”.

“Trampas” en las que habría intervenido como “cómplices” el exdirector de Financiación Juan Luis Sabater y el ex director general de Recursos Vicente Soriano, para quienes el fiscal pide un año y dos meses y diez meses de prisión, respectivamente.

La titularidad de la responsabilidad civil entre Banco Sabadell -entidad que compró la CAM en 2012- y la Fundación Caja Mediterráneo ha marcado una última sesión condicionada por la sentencia del Supremo en la que obliga a la entidad catalana a hacer frente al reintegro de las cuotas participativas a clientes minoristas.

“Es muy duro estar ahí, por eso agradezco el trato que nos han dado”, concluía Amorós apenas segundos antes de que la juez Ángela Murillo, apacible, escribiera un punto y aparte en el relato, con casi seis años de historia y que apunta a un desenlace a escasos metros, ante el Supremo.