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España incumplió ley de eficiencia energética de edificios, según Tribunal UE
España ha incumplido la legislación comunitaria sobre la eficiencia energética de los edificios, al no adoptar a tiempo esa normativa, según ha concluido hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La directiva, adoptada en diciembre de 2002 en el marco de las medidas contra el cambio climático, preveía que los países de la Unión Europea debían adoptar las nuevas normas el 4 de enero de 2006 a más tardar.
En febrero de 2012, la Comisión Europea presentó un recurso ante la Justicia de la UE, al considerar que España no había adaptado a su Derecho interno la Directiva europea en tres aspectos: la adopción de una metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios, el certificado de eficiencia energética y la inspección de las calderas.
En su sentencia de hoy, el Tribunal recuerda que, para decidir si se ha producido un incumplimiento, se debe examinar la situación del país al final del plazo fijado -en este caso, el 25 de enero de 2011- y que los cambios ocurridos con posterioridad no pueden ser tomados en cuenta.
Hasta dicha fecha, España se había limitado a transponer parcialmente la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, según los jueces.
En particular, las nuevas normas sobre la metodología de cálculo de la eficiencia energética de los inmuebles y el certificado de eficiencia energética sólo se aplicaban a los nuevos edificios y no a los ya existentes.
En lo relativo a la inspección de las calderas, el Real Decreto aprobado, argumentan los jueces, también es una adaptación parcial de la Directiva, ya que obliga a la periodicidad de las inspecciones de calderas solo en el caso de los aparatos instalados tras la entrada en vigor de la ley.
En cuanto a las calderas ya existentes, deja a las Comunidades Autónomas la decisión sobre el calendario de inspecciones.
Durante el procedimiento, España admitió la insuficiencia de las medidas adoptadas y se limitó a hacer valer que estaba en proceso de modificar una ley que fijaría para el conjunto del territorio nacional la periodicidad de las inspecciones de las instalaciones existentes.
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