España recibe estricto calendario de reformas a cambio del margen en déficit

La Comisión Europea (CE) ha recomendado hoy a los socios de la UE dar a España dos años más para corregir el déficit e incluso le ha dado más margen para cada ejercicio, pero a cambio le ha impuesto un estricto calendario para las reformas que debe acometer, entre ellas la de pensiones y del sistema tributario.

Las recomendaciones se centran en “apoyar una aplicación oportuna y rigurosa” por parte de España de las medidas anunciadas en el Plan Nacional de Reformas y de las exigencias de Bruselas, dijo el vicepresidente del Ejecutivo comunitario y comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn.

Al mismo tiempo, la CE da un balón de oxígeno mayor de lo previsto a España al fijar unos objetivos de déficit más benévolos de lo establecido por el Gobierno de Mariano Rajoy en su Programa de Estabilidad 2013-2016, ya entregado a los servicios de Rehn.

España debe corregir su déficit excesivo de aquí a 2016, teniendo como objetivos el 6,5 % del PIB este año, el 5,8 % en 2014, el 4,2 % en 2015 y el 2,8 % en 2016, unas décimas más cada año que la senda marcada inicialmente por Madrid (6,3 %, 5,5 %, 4,1 % y 2,7 %).

La Comisión considera que los nuevos objetivos de déficit son “coherentes con una mejora anual del saldo presupuestario estructural del 1,1 % del PIB en 2013, del 0,8 % en 2014 y 2015, respectivamente, y del 1,2 % en 2016”.

El Ejecutivo comunitario fija de plazo hasta el 1 de octubre para que el Gobierno español adopte “medidas eficaces” y para que “informe en detalle de la estrategia de saneamiento prevista para alcanzar los objetivos” establecidos.

En sus recomendaciones hace además referencia a retrasos en la aplicación de los compromisos, como el establecimiento del consejo presupuestario independiente -que exige esté antes de finales de año- o las reformas en el marco de las políticas activas de empleo.

Ahora Rehn ha impuesto a Madrid un calendario para las medidas que España debe tomar en 2013 y 2014, como efectuar un examen de las mayores partidas de gasto para marzo de 2014.

La CE pide a España culminar antes de finales de año la regulación del factor de sostenibilidad en el sistema de pensiones y que realice una “revisión sistemática” del sistema tributario para marzo de 2014.

Además debe finalizar la evaluación de la reforma laboral para julio y fija hasta septiembre para presentar posibles modificaciones de la misma.

Bruselas sostiene que España debe considerar “una mayor limitación del gasto fiscal relativo a la imposición directa y explorar el margen existente para una mayor limitación de la aplicación de los tipos de IVA reducidos”, así como adoptar medidas adicionales en lo que respecta a los impuestos medioambientales, sobre todo los gravámenes sobre los carburantes.

También pide al Gobierno español que reduzca el sesgo en favor del endeudamiento en el impuesto de sociedades, adopte el Plan Nacional de Empleo de 2013 antes de julio, realice “rápidamente una reforma de las políticas activas de empleo” y refuerce y modernice los servicios de empleo público.

Para luchar contra el paro juvenil, España debería tomar las medidas expuestas en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven para 2013-2016 y efectuar un estrecho seguimiento de la eficacia de las mismas, por ejemplo mediante una garantía juvenil.

Sería recomendable además que prosiguiera la labor encaminada a reforzar la pertinencia de la educación y la formación para el mercado de trabajo, reducir el abandono escolar prematuro y potenciar la educación permanente, así como prorrogar la formación profesional dual más allá de la actual fase piloto.

La CE también recomienda a España que apruebe y aplique “urgentemente” el proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y que haga antes de fin de año lo propio con la Ley de Colegios y Servicios Profesionales y la Ley de Apoyo al Emprendedor.

Igualmente debe abordar el déficit de la tarifa eléctrica adoptando y aplicando una reforma estructural del sector antes de finales de año y aprobar la reforma de la administración local y la Ley de Desindexación.

Por último, Bruselas considera útil la elaboración de un plan de aumento de la eficiencia de toda la administración pública (antes de octubre), y hacer un análisis independiente de los grandes proyectos de infraestructura futuros, al tiempo que acelerar las medidas para crear un mercado de alquiler más amplio y más eficiente.