Extremadura seguirá adelante con el abono de 44 días devengados de la extra

El Gobierno de Extremadura seguirá “adelante” con el abono de los 44 días devengados de la paga extraordinaria de 2012 -que fue suprimida por real decreto del Gobierno central-, después de que el Ejecutivo haya advertido hoy de que recurrirá la devolución de esta paga.

El consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla, ha justificado esta decisión en que cumple la legislación y en que existe una amplia jurisprudencia que respalda la devolución de los 44 días devengados de la paga extra.

Desde el Gobierno extremeño “respetan” la opinión del secretario de Estado Administraciones Públicas, Antonio Beteta, pero han insistido en que tienen “razones que avalan de manera sobrada” su decisión de efectuar el pago de estos días, que “no la paga extraordinaria” en su totalidad.

“Creo que el secretario de Estado se ha referido más a la paga extra en su conjunto pero no a los 44 días desde el 1 de junio hasta el 14 de julio”, ha subrayado el consejero, quien cree que con el pago de los mismos no se incumple el real decreto, ya que éste entró en vigor el 15 de julio.

Se trata de una decisión “muy meditada”, tanto desde un punto de vista jurídico, tras valorar las resoluciones de los tribunales de justicia reconociendo este derecho, como económico, por “la posibilidad de hacer este esfuerzo” por parte de la Junta.

Además, supone “un reconocimiento y dignificación del empleo público” por parte de la Junta, puesto que “un Gobierno responsable no puede ir en contra de un elemento fundamental en la prestación de servicios públicos como son sus empleados”.

“Extremadura no es cicatera con el derecho de los empleados públicos”, ha añadido, al tiempo que ha recordado que muchos fallos judiciales ya dan la razón a demandas individuales respecto al devengo de la extra.

Se evita así, según Nevado-Batalla, que los empleados públicos tengan que presentar reclamaciones individuales, contribuyendo de esta manera también a “la descarga de trabajo para los tribunales”.

El titular extremeño de Administración Pública entiende que las declaraciones del secretario de Estado “no son demasiada exactas” y no concretan qué tipo de recurso interpondría llegado el caso.

No obstante, a pregunta de los medios, ha precisado que si el Gobierno central interpone el recurso ante el Tribunal Constitucional, la medida se “suspende automáticamente”.

Cuestionado por la posibilidad de que los funcionarios tuvieran que devolver el dinero de esos 44 días devengados una vez abonados, ha confiado en que eso no suceda y ha defendido de nuevo que la decisión de la Junta es “sólida y jurídicamente conformada”.

Tras conocerse el anuncio del Ejecutivo central de recurrir esta medida, los tres grupos de la oposición en Extremadura han dado una contundente respuesta en la línea de la del Gobierno regional.

PSOE, IU y PREX-CREX han sostenido que el abono de la extra es “un derecho de los funcionarios” y han aludido igualmente a las sentencias que dan la razón a los trabajadores, sentencias que, han destacado, están para cumplirlas.