La Fiscalía brasileña pide la suspensión de polémica ley de tercerización

La Fiscalía brasileña pidió hoy a la Corte Suprema que declare inconstitucional una polémica ley de “tercerización” sancionada en marzo pasado por el presidente Michel Temer, acorralado por una denuncia en su contra que le acusa de un delito de corrupción pasiva.

La citada legislación, defendida por las patronales y duramente criticada por los sindicatos, autoriza a las empresas a contratar trabajadores tercerizados para todas sus actividades, algo que antes solo era permitido para algunas labores muy específicas.

Para la Fiscalía, la ley “abre espacio para que miles de puestos de trabajo directo sean sustituidos por mano de obra temporal y empleos tercerizados”, los cuales tendrían una “protección social muy precaria”.

“Viola el régimen constitucional de empleo socialmente protegido, además de vaciar los derechos fundamentales conferidos al trabajador”, aseguró el organismo, al tiempo que advirtió del “riesgo social” que representa dicha medida.

La ley integra un amplio y polémico paquete de reformas económicas, de corte liberal e impulsado por el Gobierno de Temer, que hoy se tambalea tras la denuncia presentada por el fiscal general, Rodrigo Janot, en contra del mandatario por supuesta corrupción pasiva.

Las sospechas sobre Temer se basan en las revelaciones a la Justicia de varios ejecutivos del grupo JBS, que lo involucran en diversas y graves irregularidades.

Desde el escándalo, destapado el pasado 17 de mayo, el presidente ha perdido el apoyo de varios partidos minoritarios en la Cámara de Diputados e incluso la oposición y algunos legisladores de la base oficialista han pedido su inmediata renuncia.

La crisis política ha paralizado el trámite en el Congreso de otras importantes reformas, como la laboral y la del sistema de pensiones y jubilaciones, con las que el Gobierno espera reequilibrar las cuentas públicas y olvidar la profunda recesión de los dos últimos años.

La Fiscalía brasileña ya criticó duramente el proyecto de ley para modificar el sistema de pensiones, el cual endurece las condiciones para acceder a esa prestación, al afirmar en un comunicado que contiene “violaciones constitucionales” que pueden ser objeto de “procesos judiciales”.