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Fomento prevé una nueva batalla judicial por lo que se pagará por las autopistas

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El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha augurado hoy una nueva batalla judicial para fijar la cuantía que deberá pagar el Estado a los tenedores de las nueve autopistas en quiebra en concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA).

El ministro ha subrayado que, una vez liquidadas, dichas vías revertirán a su propietario, que es la Administración General del Estado que, "quiera o no quiera", tiene que recibirlas.

A partir de ahí, el Gobierno ha decidido volver a licitarlas con el objetivo de obtener unos ingresos con los que minorar la RPA a la que se deberá hacer frente por ley.

"Vamos a actuar como vehículo intermedio. Recogemos las autopistas porque la ley nos obliga y las volvemos a poner en el mercado. No realizamos ningún rescate, simplemente las ponemos en valor de nuevo", ha dicho De la Serna en declaraciones a TVE.

Preguntado sobre a cuánto asciende la RPA, el ministro ha asegurado que las estimaciones que maneja el Gobierno son "muy inferiores" a las que se barajan por parte del sector y la cantidad de 3.600 millones que estimó el Tribunal de Cuentas.

"Nuestras cifras son sensiblemente inferiores", según el ministro, quien ha subrayado que dicha estimación responde a los máximos que vienen en los pliegos de los proyectos de licitación.

El ministro ha apuntado que la RPA se dirimirá en el momento en el que se produzca la liquidación de las autopistas y lo fijará la Administración General del Estado.

En su opinión, dicho valor "acabará seguro en el juzgado" porque los tenedores de la deuda (en su mayoría fondos buitre) no estarán de acuerdo y, por tanto, será el juez quien determine la cantidad exacta a pagar.

Según las cifras que maneja la patronal Seopan, a 31 de diciembre de 2016, la RPA ascendía a 4.032 millones de euros -inversión pendiente de amortizar-, a lo que habría que añadir 625 millones por instrumentos financieros que al extinguirse las sociedades no podrían recuperarse y 1.000 millones por expropiaciones.

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